El papel residual de Tragsa el día de la dana: llevar comida al centro de Emergencias y a los bomberos
La sociedad instrumental envía un informe a la magistrada quien, además, cierra la polémica con À Punt al admitir que sí tenía los vídeos del Cecopi que reclamaba a la cadena
Extraño es el día en el que la causa de la dana no genera resoluciones. Este miércoles no fue una excepción en el ritmo de ... la instrucción. La magistrada, por una parte, ha reconocido su error al exigir el pasado martes explicaciones a À Punt por no aportar las imágenes del Cecopi en el plazo establecido.
La realidad, tal y como acreditó la propia cadena pública, es que los archivos se aportaron el pasado 26 de septiembre, justo tres días más tarde de que recibieran la notificación oficial. Por tanto, se cumplió el plazo dado por la magistrada con la entrega a través del Servicio Común Procesal. La instructora pidió esas imágenes después de que TVE emitiera un mudo de aproximadamente un minuto pese a que el material fue grabado en su momento por Á Punt. La fecha del auto de la magistrada es el 18 de septiembre. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con la fecha en la que se produce de manera efectiva el requerimiento oficial -en este caso a través de la Policía-, que se efectuó el pasado 23 de septiembre.
La supuesta ocultación por parte de À Punt de esas imágenes ha generado un conflicto entre la propia cadena y TVE con duros reproches a través de comunicados. La televisión autonómica, de hecho, ha abierto una investigación interna para aclarar quién pudo estar tras la filtración de las imágenes. Ese material es lo que se conoce como un mudo, recursos que graban las televisiones para utilizarlos posteriormente en la elaboración de las piezas audiovisuales. Pero existe el compromiso de no emitir los audios.
Tragsa aporta un dosier en el que señala que revisó maquinaria y llevó avituallamiento al centro de Emergencias a las 18.30 horas
La empresa Tragsa, una sociedad instrumental del Gobierno que también puede utilizar la Generalitat como medio propio, también participó en el dispositivo, según el informe entregado al juzgado. Su labor fue meramente residual. El personal fue movilizado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). A las 16.25 horas se les ordena que tengan a todo el personal en guardia.
Entre las tareas que cita, apenas destaca la revisión de la maquinaria por si fuera necesaria su intervención. De igual modo, informaron de que se aportó avituallamiento al centro de Emergencias sobre las 18.30 horas, justo el periodo en el que se había paralizado la reunión del Cecopi de manera telemática. Además, se llevó comida a los parques de Bomberos de Requena y Utiel. El dosier recoge la activación de la licenciada de guardia del equipo de sensibilización/divulgación sin que se conozca cuál fue realmente su papel.
La jueza pidió las imágenes el 18 de septiembre, pero la Policía lo comunicó a À Punt cinco días más tarde
El día deparó otras novedades, aunque de menor calado. La Fiscalía ha presentado un informe en el que avala la posición de la jueza de que la exconsellera Salomé Pradas no pueda aportar los pliegos del SAIH, el sistema que la Confederación Hirdológica del Júcar utiliza para el control de los caudales.
Se trata de la plataforma que detectó el brutal incremento del Poyo en la tarde del 29-O y que se comunicó finalmente por correo electrónico tras dos horas de silencio por esta vía. Esa información, no obstante, nunca se trasladó al Cecopi. Ni siquiera lo comentó el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que despreció el dato porque, según indicó, estaba en «consonancia» con lo que ocurría aquella tarde.
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