Jueces y Gobierno trabajan ya en los protocolos para aplicar las pulseras GPS a delincuentes sexuales

Fue el año pasado cuando la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual dictó que debía extenderse el uso de estos dispositivos a autores de violaciones, acoso sexual, etc... El mismo texto que extiende la competencia de estos delitos a los juzgados de Violencia sobre la mujer y que tanto inquieta a los magistrados, como bien dejó claro la semana pasada en LAS PROVINCIAS el juez Jesús Villegas: «Estamos jugando con fuego con el riesgo de colapso de los juzgados».

El encuentro mantenido este jueves entre Esther Rojo y otras dos vocales del Observatorio ha tenido como objetivo «empezar a trabajar en el convenio que sustituiría al anterior, consecuencia de la ampliación de los supuestos en los que puede acordarse un control telemático de la prohibición de aproximación», como ha señalado la magistrada valenciana.

En el desarrollo de este documento que pretende atar más en corto a los agresores sexuales están implicados tanto el Consejo General del Poder Judicial como los ministerios de Interior, Igualdad y Justicia. Hasta ahora sólo se aplicaban a maltratadores, pero la ley de 2024 extiende la medida a los implicados en delitos sexuales.

Las pulseras GPS para ese tipo de delitos no sólo se aplicará como medida cautelar o de cumplimiento de pena. «También puede imponerse como regla de conducta en la suspensión de la pena, durante la libertad vigilada», ha explicado Esther Rojo. Y estos supuestos es en los que se está trabajando ahora para incluir en los protocolos y que la medida eche a andar y sea dictada por los tribunales.

El Observatorio sobre la Violencia de Género que preside la valenciana tiene pendiente otra reunión próximamente en la que daran cuenta de los fallos y problemas que las pulseras están causando desde hace años. «Una de mis prioridades será seguir de cerca este tema y aclararlo», aseguró la semana pasada la presidenta a este periódico. Ese encuentro de uno de los órganos más especializados en esta materia se producirá próximamente.

La necesidad de extender las pulseras a más casos fue denunciada hace unos días por las víctimas. «Solo se otorgan en un número reducido de supuestos, incluso cuando hay riesgos evidentes de violencia vicaria», sostuvieron desde Alanna. Y desde el propio centro Cometa, que gestiona el funcionamiento de los dispositivos, situaron en la mala tecnología el origen de los problemas: «Aunque se introdujo un nuevo set de dispositivos prometiendo mejoras, la baja calidad del material adquirido ha derivado en problemas críticos tanto para las víctimas como para los sancionados».

Otro supuesto a solventar, y en lo que tiene mucho que ver tanto el Gobierno como el Observatorio contra la Violencia de Género, es la falta de cobertura en zonas rurales o sin GPS. En dichas zonas, los dispositivos de protección no funcionan. No detectan dónde está el agresor ni tampoco alertan a las víctimas. Así lo denunciaron también desde la asociación Alanna.

Y en estos puntos alejados se agrava también la lentitud en la respuesta de las Fuerzas de Seguridad. «Falta más respuesta inmediata cuando salta una alerta. Las patrullas tardan en llegar por falta de efectivos o distancia geográfica», fue la crítica desde Alanna.

En la próxima reunión general del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ se tratará también el problema de la sobrecarga que pueden sufrir los juzgados especializados al asumir la instrucción de los delitos sexuales. El juez Villegas ya apuntó que podría crecer el volumen de trabajo hasta un 30%. Un caudal de asuntos inasumible por los magistrados.

La magistrada Rojo ya apuntó que este será otro de sus caballos de batalla: «Vamos a seguir muy de cerca el impacto de las nuevas competencias en los juzgados de violencia de género y en las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Hay mucha preocupación en la carrera y en las mujeres víctimas».