La 'huelga de celo' de los bomberos reduce los efectivos contra incendios forestales

Esta situación, que se arrastra desde el pasado fin de semana, implica que se hayan tenido que cerrar algunos parques al no llegarse al mínimo para cubrir los servicios y que en otros las segundas salidas no se hayan podido realizar.

Además de la actividad ordinaria de los parques, la negativa de los bomberos a realizar horas extra como medida de presión para reclamar mejoras laborales, ha significado un golpe para la estrategia de refuerzo contra los incendios forestales. Mientras dura esta situación, 24 bomberos no participan cada día en labores de apoyo para poder actuar en caso de fuego en el monte en unos días en que la ola de calor ha elevado la preemergencia a categoría 3.

En las situaciones en que la Generalitat declara este nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales, que es más alto de Previfoc, el Consorcio activa su Dispositivo Especial de Refuerzo Forestal. Estos días, con la ola de calor más fuerte de los últimos años, al menos 24 bomberos no han podido participar debido a esta huelga de celo a la espera de que desde la Diputación se inicie una negociación para poder cerrar acuerdos.

En la institución que preside Vicent Mompó hay preocupación por la situación que se está viviendo, ya que el servicio se ve muy afectado por la postura de los trabajadores del cuerpo. Desde la Diputación se apunta que no pueden aumentar el techo de gasto para cumplir con las peticiones de los bomberos ya que la normativa del Gobierno central lo impide.

Las protestas comenzaron el domingo y fueron varios los parques los que prestaron servicio con una plantilla por debajo del mínimo exigido. Los representantes sindicales de UGT, Intersindical y CGT emitieron un comunicado: «No cumplir los servicios mínimos en este Consorcio implica poner en riesgo la vida de los ciudadanos por una carencia de medios».

La Diputación de Valencia, ante la situación creada, emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que la medida no es fruto de una falta de voluntad para reforzar las plantillas «sino que es una restricción legal impuesta por la normativa estatal que regula el gasto público». La norma es la que limita el gasto público a un máximo del 3,2% respecto al ejercicio anterior, «por lo que es una imposición legal a la Diputación».

Para mañana se ha convocado una nueva mesa de negociación con los sindicatos con el fin de llegar a acuerdos viables para mejorar el servicio y las condiciones del personal, «siempre desde el marco legal disponible», señalaron desde la Diputación, que insisten en que el órgano no se puede saltar el techo de gasto marcados desde el Gobierno.