Fomento plantea cobrar por circular en carreteras como A-3, V-30 o by-pass

Un tramo del by-pass. / Damián Torres
Un tramo del by-pass. / Damián Torres

El ministerio estudia el pago por uso en las vías de alta capacidad para garantizar el mantenimiento de la red española

Isabel Domingo
ISABEL DOMINGOValencia

Aeropuertos, puertos, ferrocarril, metro... Son algunas de las infraestructuras de transporte en las que el usuario tiene asimilado pagar por su uso. Un listado al que el Ministerio de Fomento pretende que se sumen, por lo menos a medio plazo, las vías de alta capacidad de la red estatal, es decir, que los conductores abonen una tasa por utilizar las autopistas y autovías que actualmente son gratuitas.

En el caso de la Comunitat, tomando como guía el catálogo de la Red de Carreteras del Estado (RCE) elaborado por el propio ministerio, la medida afectaría a infraestructuras como la V-30, V-31, V-21, V-23, V-11, A-7 (conocido como el by-pass), A-3 o A-38. En total, 368 kilómetros de autovías que ahora son gratuitas. En el caso de Alicante, la A-31 o la A-70 y, en Castellón, la CS-22.

El debate no es nuevo, pues se arrastra desde la pasada legislatura, cuando se puso sobre la mesa el déficit de conservación que acumulan las carreteras españolas (7.000 millones a nivel nacional y 625 en la Comunitat) y la necesidad de aportar 1.100 millones anuales para este concepto en los Presupuestos Generales del Estado frente a los 600 millones actuales.

Fomento y Consell insisten en desvincular la medida de la liberalización de la AP-7

Pero es ahora cuando vuelve a situarse en el primer plano de la actualidad a raíz del enésimo anuncio del fin de los peajes en la AP-7 y la AP-4 a partir del 1 de enero de 2020, ya que el Gobierno asumirá el coste de la conservación. En el caso de la autopista que discurre desde Tarragona hasta Alicante, los contratos para esas actuaciones se han licitado por valor de 129 millones.

¿Es sostenible el actual modelo de la red de carreteras? Es la pregunta que llevan tiempo lanzando a la opinión pública entidades como la Cámara de Contratistas o la Asociación Española de la Carretera. Todas ellas, partidarias de establecer el pago por uso en las carreteras de alta capacidad con un carácter finalista, es decir, inversiones en conservación ya que se recaudarían unos 4.000 millones anuales, según un estudio de Seopan.

Es la tesis que parece asumir también el departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos, que en más de una ocasión ha asegurado que «nada es gratis» o que hay que buscar una fórmula, «sea la que sea», para asegurar el mantenimiento de las autovías. Ayer mismo, en unas declaraciones a El País recogidas por Europa Press, el ministro aseguraba que hay que abordar de manera urgente este debate teniendo en cuenta dos principios: el que contamina paga y el pago por uso.

«Es una cuestión recurrente», añadía Ábalos, que recordaba que en la anterior legislatura el PSOE planteó la creación de una subcomisión de estudio de la financiación de la red de carreteras de alta capacidad en la comisión de Fomento del Congreso. El objetivo era abordar «desde un punto de vista serio y riguroso» cómo financia España esta red.

Las frases

Salvador Navarro (Presidente de la CEV):
«Primero nos tendremos que plantear si con nuestros impuestos pagamos lo suficiente».
Manuel Miñés (Director Cámara de Contratistas):
«Viene marcado por Europa y servirá para compensar el déficit en conservación viaria».
Arcadi España (Conseller de Obras Públicas):
«Queremos conocer bien la propuesta para poner los intereses de los valencianos y los transportistas».
José Luis Santa Isabel (Presidente de Fecoval):
«Es un debate inapelable en el que habrá que conciliar muchos aspectos, como la distribución».

Único transporte sin pago

«Es la única infraestructura en materia de transportes en la que el usuario no abona nada, salvo las concesionadas. En el resto todas están sometidas a un pago por uso. Es una reflexión y también cómo se puede derivar a la política social el uso de estos instrumentos», apuntó el titular de Fomento en declaraciones a Telecinco. También se pronunciaba la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien durante una visita a Sevilla confirmaba que se trabaja en «distintas fórmulas». «Se están haciendo estudios con cuestiones que se llevan a cabo en otros países como Portugal, Francia o Italia», dijo.

«Es un debate que ni siquiera se ha iniciado», insistía Ábalos. De hecho, fuentes de su departamento confirmaban el interés en retomar el tema esta legislatura y aseguraban que no hay nada definido sobre cómo hacerlo (peaje blando -asociado a un coste mínimo por kilómetro- o en sombra -una concesión a una empresa que paga un canon al Estado-) aunque sería algo «simbólico». «Será un modelo consensuado con todos», indicaron.

E insistieron en desvincular el debate sobre cobrar por circular en las autovías del fin del peaje en la AP-7. «Son dos temas distintos», apuntaron fuentes ministeriales y remarcaron que la decisión sobre la gratuidad está tomada y que el pago por uso «es una reflexión a futuro». Aspecto en el que también coincidió el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, quien consideró que el debate abierto sobre el pago simbólico «es un tema independiente al de la liberalización de la AP-7».

«De hecho hoy mismo [ayer] nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Fomento y nos han confirmado que, tal y como estaba previsto, el próximo 1 de enero de 2020 los vehículos que circulen por la AP-7 no pagarán peajes», señaló España. «Los valencianos hemos pagado peajes durante muchos años y, por ello, ante cualquier propuesta que pueda haber en el futuro al respecto del pago por uso en las carreteras españolas, queremos conocer bien la propuesta para poder estudiarla en profundidad y poder pronunciarnos poniendo, como siempre en primer lugar, los intereses de los valencianos así como el de los transportistas, un sector que consideramos fundamental», añadió el conseller.

Ese mayor coste para la exportación de los productos valencianos fue también destacado por el presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien recordó que, aunque el debate ya está en Europa y «aquí habrá que plantearlo», a su juicio, «primero nos tendremos que plantear si con nuestros impuestos pagamos lo suficiente para el uso de cualquier tipo de infraestructura». A partir de ahí, «hablemos, pero con un debate serio, riguroso y con todos».

Desde los contratistas, tanto el presidente de Fecoval como el director de la Cámara, José Luis Santa Isabel y Manuel Miñés, respectivamente, coincidieron en que el pago por uso es «inapelable» debido al déficit de conservación que arrastran las carreteras. Ambos remarcaron que esa tasa o peaje debería tener carácter finalista, es decir, destinarse a mantenimiento, a nuevas infraestructuras y al sector del transporte, además de apelar a una reflexión sobre cómo y a quién se aplicaría.

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