Educación vuelve a excluir a la concertada en las ayudas para formación de profesores

La enseñanza concertada se ha quedado fuera de las ayudas que prevé Educación para sufragar cursos de formación destinados al profesorado, impulsados desde los propios colegios, que deben servir para mejorar el rendimiento escolar. La medida ha sido denunciada por el sindicato mayoritario en la red, Fsie Cv, que reclamó una dotación proporcional a su peso. También afeó a la conselleria que protagonice «un nuevo capítulo de discriminación», pues sólo se prevé un procedimiento específico para abonar los costes a los centros públicos a través de su partida destinada a gastos de funcionamiento.

Sin embargo, la conselleria que dirige Vicent Marzà replicó ayer que en la convocatoria en cuestión no aparece regulada la forma de pago para la enseñanza concertada porque «se cubre con el porcentaje económico que se incluye en los conciertos para tales fines, pues de lo contrario se duplicaría la ayuda».

En sentido, cabe recordar que las cuantías que destina la administración a la red se refieren básicamente a retribuciones del personal, que paga directamente salvo en el caso del PAS y que se actualizan conforme a los convenios colectivos vigentes, y a los gastos ordinarios de conservación, reposición de inversiones y de funcionamiento, categoría en la que entraría la formación del profesorado, entre otros conceptos. Sin embargo, este módulo lleva más de una década congelado, si bien es cierto que el que se abona en la Comunitat es de los más altos de España. Por poner un ejemplo, un colegio recibe la misma cuantía para contratar a un formador experto en nuevas tecnologías, aunque su coste no es el mismo, sino mucho más alto.

Educación también alegó que todos los años se resuelven convocatorias para reconocer los cursos impartidos por entidades colaboradoras, y muchos son organizados por asociaciones y patronales de la concertada. De esta forma sus cursos tienen 'bendición' oficial y los participantes pueden disponer de esta formación a la hora de acreditar méritos o solicitar complementos profesionales. Eso sí, la convocatoria no habla de ayudas para sufragarlos.

En cuanto a los cursos organizados desde las propias escuelas, el plazo para su reconocimiento termina hoy. Nuevas tecnologías, plurilingüismo o buenas prácticas para luchar contra el abandono son algunas de las líneas maestras sobre las que deben descansar los proyectos. Respecto a las modalidades, además de la formación en centros y los seminarios -que pueden contar con expertos externos- se incluyen los grupos de trabajo, por ejemplo para elaborar material didáctico propio.

En cuanto a la financiación de los costes de organización, el aspecto que cuestionó Fsie, se señala que se establecerá el procedimiento pertinente «para la asignación de los recursos económicos, en concepto de gastos de funcionamiento» para los centros de la Generalitat. «¿Por qué discriminan a unos centros respecto a otros cuando cumplen el mismo servicio educativo?», se preguntaban desde el sindicato, que consideró que la conselleria debería destinar una partida equivalente al 35% del total en base al peso de la educación concertada en la Comunitat.

También se criticó que «llueva sobre mojado», y se refirieron a otros ejemplos de trato diferenciado, como los auxiliares de conversación en inglés, recurso exclusivo de la pública. La conselleria siempre ha argumentado que es un programa del ministerio que impide la concurrencia de los concertados, mientras que el sector defiende que en otras autonomías se permite y que todo depende de la voluntad política, pues la mayoría de auxiliares se pagan con recursos de la Generalitat.

Algo parecido sucedió con las estancias formativas en Irlanda y Reino Unido pagadas por Educación. En la primera convocatoria no pudieron concurrir y en la segunda sólo tenían plaza si los docentes de la pública no habían completado los puestos. La exclusión en cursos formativos específicos de FP o la resolución de proyectos de innovación son otros ejemplos denunciados por Fsie.

Por otro lado, la conselleria informó ayer de que el bono infantil, la ayuda que financia el puesto en los centros de primer ciclo (0-3 años), ha beneficiado a 35.716 escolares, cifra similar a años anteriores. Las cuantías, en función de la renta, van de 70 a 200 euros al mes. Para 8.230 niños de dos años, los de las escuelas municipales, la plaza es gratuita.