Cada día de clase se producen once agresiones físicas o verbales hacia el profesorado

La información, facilitada por la Conselleria de Educación a petición de LAS PROVINCIAS, pone luz y taquígrafos a una preocupante realidad que en los últimos días han vuelto a denunciar asociaciones de directores y sindicatos a raíz del caso registrado el lunes en un colegio de Valencia.

La situación ha llegado hasta el punto de marcar el paso de las políticas educativas. En materia paliativa, se ha impulsado un nuevo protocolo a seguir por centros, inspección y administración cuando se produce una agresión, de manera que se pongan en marcha de inmediato las medidas de protección y apoyo a la víctima, incluyendo la asistencia jurídica. Y en la preventiva, se ultima un nuevo decreto de convivencia que penaliza todavía más al alumno agresor. En cuanto a las familias, quedan fuera de la capacidad de acción de la administración educativa, entrando en juego ya las decisiones que se toman en el ámbito judicial tras la pertinente denuncia.

En lo que va de curso, exactamente hasta el 30 de abril, la conselleria ha tenido constancia de 847 agresiones físicas y 725 verbales (1.572 en total) contra maestros y profesores, profesionales de administración y servicios y personal no docente de atención educativa. Pero fuentes del departamento explican que la cifra real se aproximará a 1.050 y 900, respectivamente, cuando se cierre el ejercicio (un total de 1.950). Para hacer esta proyección se tiene en cuenta lo que ha sucedido en los meses faltantes en años anteriores (de promedio) y también los casos que, pese a haberse notificado, están a la espera de ser confirmados en el programa de gestión de centros Ítaca.

Por comparar, tomando las últimas como válidas, en el curso 2023-2024 (completo) se llegó a 1.888 (908 agresiones físicas y 980 verbales), en el 2022-2023 a 1.482 (739 y 743) y en el 2021-2022 a 1.097 (628 y 469). Cifras demasiado elevadas en todos los casos, y más si se ponen en relación con el global de incidencias (de todo tipo) notificadas cada curso. Y es que su volumen no ha bajado del 16%, y en el actual, tomando como referencia la estimación, superarán el 19%. La única nota positiva, si es que la hay, es que se reducirán ligeramente las agresiones de tipo verbal.

Los datos se extraen del registro de incidencias del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia (Previ), en el que los centros deben notificar cualquier incidente que altere gravemente la rutina de las aulas. Además de agresiones como las descritas se incluyen situaciones de acoso y ciberbullying, robos, daños en el material o las instalaciones, delitos dolosos, agresiones entre alumnos, consumo de sustancias prohibidas o incluso el mal uso de tecnologías, como el móvil. La plataforma permite registrar casos de sospecha, confirmarlos y también realizar un seguimiento posterior, incluyendo datos como participantes, testigos o medidas adoptadas.

Tras la última agresión la Asociación de Directores de Escuela Pública (Adep-PV) y organizaciones como el STEPV o ANPE CV, además de denunciar la situación, han reclamado medidas urgentes. Por ejemplo, el sindicato mayoritario plantea que en caso de agresión sea la administración la que presente la denuncia de oficio (no la víctima, como sucede ahora), y que en la normativa sobre convivencia se contemplen medidas de abordaje también hacia las familias, como puede ser la prohibición de acceder al centro. Alegan, de manera descriptiva, que no tiene mucho sentido que un padre o madre amenace a un docente y a los pocos días pueda participar en una tutoría como si nada pasara.

En cuanto a ANPE CV, que dispone del servicio El Defensor del Profesor, especializado en el acompañamiento de docentes que sufren agresiones o vejaciones en el desempeño de sus funciones, plantea mayor contundencia en las sanciones a aplicar. Es decir, que el correctivo sirviera de aviso a navegantes sobre las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, que en caso de expediente disciplinario contra un alumno el profesor sea parte interesada en el procedimiento y su propuesta se tenga en cuenta a la hora de determinar la sanción (como puede ser la expulsión de sus clases). O que para enseñanzas postobligatorias quepa la posibilidad de aplicar la máxima sanción ante conductas muy graves, como una expulsión definitiva (que no el cambio de centro, que ya se contempla). No podría ser de aplicación en las etapas obligatorias al prevalecer el derecho superior a la educación.

La conselleria, por su parte, defiende que ha actuado con celeridad con la aprobación del nuevo protocolo, consensuado con las organizaciones sindicales y que desde principios de año establece las funciones de las diferentes instancias que deben intervenir (dirección, inspección y administración), priorizando las medidas de protección inmediata (cambios de puesto) o poniendo a su disposición los servicios jurídicos de la administración, ya sea la Abogacía de la Generalitat o las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

Además, el próximo 1 de septiembre entrará en vigor el nuevo decreto de convivencia, que considera como agravante las vejaciones al personal (por lo que los agresores afrontarán medidas correctoras más duras) y limita el procedimiento conciliado, que permite a los alumnos acogerse a una sanción más leve si reconoce el daño, pide perdón y acepta la medida que le proponga el centro.