El Consell se olvida de sus dos promesas contra los accidentes ferroviarios

La agencia y la comisión de investigación de siniestros tendrían que haberse puesto en marcha hace un año

ISABEL DOMINGO VALENCIA.

Ni la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria ni la Comisión de Investigación de Accidentes. Son dos de los organismos anunciados por el Consell para garantizar la seguridad ferroviaria que se han quedado en papel mojado en esta legislatura a pesar de estar contemplados en la Ley de Seguridad Ferroviaria -aprobada en marzo de 2018- y de ser dos de las promesas estrellas del Gobierno del Botánico, ya que así se acordo con la Asociación de víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006.

Fue el compromiso que trasladaron tanto el jefe del Consell, Ximo Puig, como la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, a la asociación en julio de 2015 nada más comenzar la legislatura ya finalizada y que reiteraron unos meses más tarde (en octubre) con la primera reunión de la comisión de trabajo que debía elaborar el anteproyecto de la normativa. Así quedó también reflejado en el preámbulo.

Esta ley, cuyo texto recibió el visto bueno de Les Corts en marzo de 2018, contemplaba la creación de un ente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y adscrito a la conselleria, que debería ejercer como autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario, básicamente en las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ya que Adif se rige por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (encargada, por ejemplo, de supervisar los tramos del tercer carril del corredor mediterráneo).

Las funciones de la agencia se han delegado en el director general de Transportes

La agencia, considerada el hito más importante de la propuesta del gobierno autonómico en materia ferroviaria, debería haberse creado en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del verano del año pasado. Sin embargo, un año después de su aprobación en Les Corts, no se ha creado, por lo que la Generalitat ha incumplido el mandato que le marcaba su propio texto.

Lo mismo ha sucedido con la comisión para investigar los accidentes ferroviarios (también adscrita orgánicamente a la conselleria pero independiente en su organización) o con el consejo rector de la agencia que, entre otros aspectos, debía encargarse de redactar los estatutos y de aprobar la metodología para evaluar y valorar los riesgos asociados a las actividades ferroviarias.

En este sentido, el grado de incompatibilidad fijado para los vocales de este organismo era tal que la normativa valenciana de seguridad ferroviaria se modificó aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019, publicada el 28 de diciembre del año pasado. Así se recoge en la sección segunda, que rehace la redacción del artículo 14 para establecer que el cargo de vocal de la agencia es incompatible con el ejercicio de actividades cuyo ejercicio «pueda producir un conflicto de intereses con las funciones de la agencia», lo que rebajaba los requisitos de los aspirantes al consejo rector.

La conselleria también aprovechó las cuentas de 2019 para introducir otra modificación en la ley, en este caso, atribuyendo las labores de la Agencia de Seguridad Ferroviaria a la Dirección general de Transportes de la Conselleria de Obras Públicas, en concreto, a Carlos Domingo, que, según la disposición transitoria cuarta, «podrá recabar para ello el asesoramiento de personal técnico especializado en seguridad de la circulación ferroviaria».

Sin embargo, al no estar constituida la agencia, no se cuenta con ese personal adicional que requeriría la supervisión de algunas obras que actualmente están en marcha, como las de la línea 9 del Tram en Alicante o las futuras de la línea 10 o del soterramiento de vías en Burjassot. Fuentes especializadas en el sector consultadas por este periódico apuntaron la posibilidad de que la conselleria que dirige María José Salvador externalice esa supervisión, es decir, que recurra a los contratos menores para elaborar los informes necesarios para la homologación de vías y vehículos.

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