El Consell lanza el estatuto de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, aún sin crear

Un convoy en la estación de metro de Colón. / jesús signes
Un convoy en la estación de metro de Colón. / jesús signes

El reglamento debería haber sido redactado por el consejo rector, que tampoco se ha constituido y que está pendiente desde hace un año

Isabel Domingo
ISABEL DOMINGOValencia

Fue uno de los compromisos estrella del Consell en la pasada legislatura, aquel que el presidente en funciones, Ximo Puig, y la exconsellera de Obras Públicas, María José Salvador -ahora en Les Corts-, plasmaron ante la Asociación de víctimas del accidente del metro en el encuentro que mantuvieron en julio de 2015 y que respondía a dos reclamaciones de esta entidad: una ley y una agencia de seguridad ferroviarias en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Aquella promesa se plasmó en la Ley de Seguridad Ferroviaria que Les Corts aprobó el 7 de marzo de 2018 (con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención del PP) y que incluía, entre sus principales hitos, la constitución de la llamada Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria y la Comisión de Investigación de Accidentes, que en este caso dependerá de la Agencia Valenciana de Seguridad.

Una y otra, así como el consejo rector de la primera, debían crearse en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, como máximo hasta junio del año pasado. Calendario que incumplió la Conselleria de Obras Públicas, a quien está adscrito este ente encargado de ejercer de autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario, básicamente en las líneas de la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Transcurridos doce meses de incumplimiento, la conselleria ha empezado a moverse. Y lo ha hecho contraviniendo lo estipulado en la propia ley, ya que ha sido el departamento de Obras Públicas quien ha elaborado los estatutos de la agencia. Así consta en la resolución publicada el pasado 30 de mayo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por la que se somete a información pública el proyecto de decreto del Consell de aprobación de dicho estatuto.

Las funciones de la entidad se atribuyeron a una dirección general al no haberse instituido

Para ello, da un plazo de 15 días -finalizará el viernes 14- sin que se haya hecho ninguna tipo de comunicación o publicidad sobre este proceso. El decreto ha pasado los trámites de audiencia de las consellerias competentes en materia de función pública, hacienda y presidencia, así como por FGV, y cuenta con los informes de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic, según se señala en el preámbulo.

Modificación de funciones

Sin embargo, la Ley de Seguridad Ferroviaria otorgaba el encargo del reglamento al consejo rector de la agencia según el apartado f del artículo 14.5: «formular la propuesta de aprobación del estatuto de la agencia, cuya aprobación corresponde al Consell de la Generalitat». Una potestad que desaparece en el texto del decreto, que recoge las mismas funciones enumeradas en la normativa a excepción del apartado f, que reformula.

El decreto también marca las pautas del proceso de creación de la agencia en una única disposición adicional, que señala que «la puesta en funcionamiento de la agencia se producirá una vez designada formalmente la persona titular de la dirección general». Este nombramiento corresponde al Consell a propuesta de la presidencia de la agencia y con el visto bueno del consejo rector.

El documento se ha sacado a información pública por un periodo de 15 días

Pero, como pescadilla que se muerde la cola, este órgano tampoco se ha constituido. De ahí que la conselleria asumiese su función con la elaboración de los estatutos. Ese vacío del consejo y de la propia agencia también provocó otras modificaciones en la ley valenciana.

Por un lado, el grado de incompatibilidad fijado para los vocales era tal que la normativa se modificó aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019 y se rehizo el artículo 14 para rebajar los requisitos de los cinco aspirantes (tres a propuesta de Les Corts y dos planteados por la conselleria y aprobados por el pleno del Consell).

Por otro, la conselleria también aprovechó las cuentas del ejercicio actual para atribuir las labores de la Agencia de Seguridad Ferroviaria a la Dirección general de Transportes de la Conselleria de Obras Públicas, en concreto, a Carlos Domingo.

De forma previa a los presupuestos, la conselleria ya había eliminado la partida prevista de 700.000 euros para la creación de la entidad y la dejó en 200.000 euros para este año.