Fomento ya prepara los desvíos de tráfico para demoler peajes de la AP-7

Transcurrida poco más de una semana de la liberalización de la AP-7 entre Alicante y Tarragona comienzan a verse los primeros avances en el desmontaje de las llamadas playas de peaje (la estructura de las cabinas de cobro). Porque el Ministerio de Fomento -que ahora pasará a llamarse de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- ha iniciado ya los trabajos previos para los desvíos de tráfico, necesarios para la demolición de los peajes en condiciones de seguridad.

Los primeros trabajos se han iniciado ya en el tramo norte, es decir, en el antiguo peaje de Sagunto, según confirmaron fuentes del propio ministerio. Así, ya se aprecia la señalización horizontal en color amarilla y se han colocado señales de limitación de velocidad, además de los 'new jersey' móviles para delimitar los nuevos carriles de circulación. También se han realizado las tareas de mantenimiento propias de la vía.

La demolición de las playas de peaje está prevista en los contratos de emergencia por valor de unos 21 millones a los que tuvo que recurrir Fomento para afrontar la conservación y el mantenimiento de la autopista (que por ahora seguirá manteniendo la denominación de AP-7 para evitar confusiones en la cartelería) al haber sido recurridos, y por tanto estar paralizados, los pliegos de los contratos licitados en noviembre tanto por la concesionaria Abertis como por los sindicatos. En este sentido, la suspensión del procedimiento por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sigue vigente, según consta en la Plataforma de contratación del Estado.

Ya durante su visita al peaje de Sagunto el pasado 31 de diciembre, Ábalos avanzó que las tareas de desmantelamiento comenzarían de forma progresiva y se extenderían durante varios meses. En el caso de la AP-1 (Burgos-Armiñón), que fue la primera autopista liberalizada en España en diciembre de 2018, las ocho cabinas existentes en el peaje comenzaron a desmontarse en abril, cinco meses después de entrar en vigor la gratuidad.

El ministerio también prepara la instalación de las estaciones de aforo correspondientes para la autovía, que permitirán recoger las características de los vehículos que circulan por la carretera y su número. Algo que, hasta el pasado día 31, se realizaba a través de los medios de la autopista, es decir, mediante el pago de los tiques.

Respecto a la evolución del tráfico en los primeros días de la liberalización, fuentes del ministerio indicaron que no se han producido incidencias reseñables.

También se han registrado ya los primeros movimientos en los municipios. Así, mientras que Calp confirmaba hace unos días que no tiene planteado exigir una entrada directa a la AP-7 desde el municipio -a pesar de ser una reivindicación histórica-, el Ayuntamiento de Vila-real sí que anunciaba, a través de su portavoz, Javier Serralvo, que elevará una petición al Gobierno central para que se habilite un nuevo acceso junto a la antigua autopista en el término municipal.

La propuesta que remitirán al Ejecutivo de Pedro Sánchez será la construcción de un acceso a la altura de la carretera de Onda (CV-20) para facilitar la actividad empresarial de la localidad. Además, pedirán un estudio ambiental con el objetivo de «reducir lo máximo posible el impacto acústico» por el incremento de tráfico en la AP-7, así como pantallas acústicas para disminuir las molestias en las zonas habitadas.

También ayer se pronunció sobre los peajes el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, al explicar que los sobrecostes en las autopistas a los que se enfrentan los usuarios habituales de estas vías en toda España será tratado con «políticas de bonificaciones y reducción de tarifas», que aún se tienen que estudiar.

Así lo comentó tras un encuentro en Segovia con dos jóvenes que recogían firmas para la gratuidad de la autopista AP-6 (Villalba-Adanero). Tras reiterar que existen una serie de compromisos «que hay que respetar» por «seguridad jurídica y por el coste», avanzó que el Gobierno va a tratar de hacer «políticas compensatorias» para minimizar el impacto en los usuarios de autopistas como la AP-6 y en comunidades como Galicia y Asturias.