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Procesan a los responsables de una inmobiliaria por un fraude de 184.000 euros a Hacienda

La Fiscalía pide tres años de prisión a siete acusados de operar con una empresa pantalla para recomprarse propiedades y declarar menos beneficios

Luis Candela

Sábado, 7 de enero 2017, 01:01

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Un tribunal sentará en el banquillo de los acusados a los responsables de un conglomerado de inmobiliarias que, a ojos de la Fiscalía, no era más que una empresa pantalla al servicio de un entramado de sociedades dispuestas a evadir impuestos. Por ello, el representante del fiscal reclama una pena de tres años de prisión y una multa de medio millón de euros al administrador único de la principal mercantil investigada, con sede en Alicante, así como a otras tres personas vinculadas a la inmobiliaria y tres integrantes del resto de sociedades. En total, serán siete los acusados que se sentarán en el banquillo por planear un golpe para ocultar 184.000 euros a Hacienda moviendo las propiedades entre los balances contables.

  • 2006.

  • La firma investigada realiza la compra de suelo en Xixona por un montante de 481.314 euros, y más tarde revende los terrenos por 1.380.000 euros, más IVA.

  • 2011.

  • La Agencia Tributaria investiga la declaración del año de constitución de la mercantil y descubre el presunto fraude.

  • Ni un alma.

  • El Ministerio Público sostiene que la empresa carece de actividad y de trabajadores, ya que ejerció de mera sociedad «instrumental».

Los hechos se produjeron hace una década, cuando la inmobiliaria Antártida Gestión de Suelo e Iniciativas Inmobiliarias SL se constituyó en junio de 2006, una firma que para la Fiscalía no es más que una sociedad «instrumental». Sin embargo, cinco años después, en junio de 2011, la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) puso la lupa en la firma al indagar en las cuentas presentadas del primer año de vida de la empresa Las cifras, a ojos del erario, no cuadraban.

Según sostiene el Ministerio Público, la compañía declaró una base imponible «que no coincide con el beneficio real obtenido», como ya reveló en su inspección la Agencia Tributaria. Esto es así porque la entidad «forma parte de un grupo de sociedades controladas por los acusados» cuyo único fin es «defraudar a la Hacienda», como recoge el representante del Ministerio Fiscal en su escrito provisional de acusaciones.

El representante del fiscal pone de manifiesto una serie de operaciones que le llevan a formular su acusación. Por ejemplo, alude a la compra en octubre de 2006 por parte de la inmobiliaria de una parcela en la zona industrial de la partida Barranco de Feliu, en Xixona, a una entidad por 481.314 euros. Ese mismo día, se registra en escritura pública notarial la venta de ese suelo por parte de Antártida Gestión de Suelo a la firma Espacios Urbanos de Jijona SL por un precio de 1.380.000 euros más 220.800 euros de IVA.

Las cuentas no cuadran, según revela la acusación, ya que detalla que supuestamente existían «contratos privados anteriores a la formación de las escrituras públicas notariales» cuyos precios diferían de los «consignados en los documentos públicos». Además, el escrito del fiscal recoge irregularidades tales como las formas de pago, las manifestaciones de quienes intervienen en las operaciones de transmisión de la finca y movimientos extraños en las cuentas bancarias.

Por todo ello, el Ministerio Público concluye que la compraventa de las parcelas en Xixona resultó ser una operación mercantil «de simulación preparada» para interponer una sociedad que realizara una «falsa intermediación» con el fin de «enmascarar a los verdaderos partícipes y beneficiarios» de la operación y, finalmente, «para no ingresar los tributos correspondientes al erario público».

Así, si bien la inmobiliaria investigada presentó en la declaración del ejercicio 2006 el Impuesto de Sociedades con una base imponible negativa, obvió presentar la declaración anual de operaciones a terceros, como indica el representante del fiscal. Igualmente, echa en falta varias declaraciones trimestrales del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La acusación sostiene además que la mercantil «carece de estructura empresarial para el desempeño de la actividad».

Como ejemplo de este último extremo destaca la circunstancia de que la promotora carece de empleados a su cargo ni se localizaron gastos que permitan deducir que se desarrolla una actividad empresarial, como son pagos por el alquiler de oficinas, teléfono, agua, luz o gas.

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