La Audiencia rechaza el último intento por reabrir 'Rabasa'

Caso cerrado. La investigación por el supuesto pelotazo gestado por el empresario Enrique Ortiz valiéndose de la exalcaldesa Sonia Castedo (PP) y de tres empleados de Urbanismo ya es historia. La Audiencia Provincial ha tardado apenas un par de días en inadmitir el último intento de la Fiscalía Anticorrupción por su reapertura. La Sala, basándose en la doctrina del Tribunal Constitucional, considera que contra los autos dictados en segunda instancia no cabe recurso de súplica si la decisión del juez Instructor confirmada por la Audiencia está suficientemente motivada. Por ello, los investigados han quedado exonerados de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El fiscal Felipe Briones presentó el lunes un escrito alegando «indefensión procesal», tal y como informó este diario, y advertía de que se anticipaba «una sentencia». La acusación pública reprochaba al tribunal de la Sección Tercera, responsable de la confirmación del archivo provisional de las diligencias, incurrir en los mismos «excesos» que advirtió en la resolución de mayo pasado del instructor del Juzgado de Instrucción 6, César Sánchez. La postura de Anticorrupción difiere de la del magistrado y de la Sala, pues sostiene que en la instrucción «existen indicios bastantes para formular un auto de procedimiento abreviado y permitir formular acusación».

Sin embargo, el escrito de 43 páginas de extensión, posterior al recurso rechazado de más de 170 páginas, choca con la jurisprudencia del Constitucional que dictamina que «es suficiente con constatar que se trata de una decisión judicial motivada y fundada en una interpretación y aplicación razonada y razonable del artículo 236 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la que el órgano judicial descarta que contra los autos dictados en segunda instancia quepa recurso de súplica». Con éste, las acusaciones se han quedado sin opción de más movimientos con los que devolver a la vida un asunto encallado entre los tribunales de Alicante y Orihuela, ya que dimana de la 'Operación Brugal', y que a partir de 2012 logró un impulso gracias a la denuncia de Esquerra Unida del Pais Valencià. Pese a ello, no fue hasta el año 2013 cuando la Audiencia Provincial tuvo que ordenar de nuevo su reapertura a instancias de Anticorrupción para salvar su sobreseimiento provisional.

En el camino quedan la declaración como imputados de Castedo y Ortiz, además de la técnico jurídica Isabel Campos, del gerente de Urbanismo Enrique Sanus y el jefe de servicio José Luis Ortuño, así como cientos de folios de pesquisas, como el informe de más de 800 páginas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial o la documentación aportada por EUPV para tratar de probar el beneficio de casi cien millones de Ortiz con la llegada de Ikea a terrenos de su propiedad.

Ocho años

Por tanto, puede que el argumento del tribunal señalando que «no cabe recurso de súplica contra los autos que resuelven, a su vez, otros recursos en segunda instancia, pues de lo contrario la posibilidad de recurrir sería ilimitada» sea el último de un asunto abierto en 2008 y finiquitado ocho años después.