Condenado por explotar a 39 jornaleros en Monforte y Novelda

Un tribunal ha impuesto un año y ocho meses de prisión y una multa de 1.500 euros a un empresario del campo de Monforte del Cid y Novelda acusado de contratar a 39 personas a las que ni dio de alta en la Seguridad Social ni abonó cantidad alguna pese a que pasaban jornadas de hasta trece y catorce horas desempeñando labores agrícolas. El procesado se sentó ayer en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial donde confesó haber cometido los hechos que le imputa el Ministerio Público, quien rebajó sus pretensiones de pena tras el reconocimiento del delito contra los derechos de los trabajadores.

De inicio, el hombre se enfrentaba a una petición de tres años y medio entre rejas, que finalmente quedó en 20 meses, por los hechos ocurridos durante el año 2013. En ese ejercicio, el reo aprovechó la situación de necesidad de los empleados para prometerles un contrato que nunca se formalizó. Por ello, el tribunal le obliga a pagar en total 29.553 euros a los casi cuarenta afectados, ya que a cada uno de ellos le adeuda cantidades que van de los 36 a los 2.000 euros.

El encausado admitió que a lo largo de ese año puso a trabajar a los 39 afectados en los parajes de las Norias de Monforte del Cid y en la Serreta de Novelda sin garantías de ningún tipo. Las jornadas laborales debían ser, en principio, de siete horas, aunque generalmente se doblaban, según determinó la Fiscalía en su escrito provisional de acusaciones y cuyos términos aceptó íntegramente el reo.

La Sala, ante la modificación de las conclusiones de la Fiscalía y la adhesión de la defensa, dictaminó la sentencia 'in voce' en el mismo acto del juicio. Además, el magistrado presidente de la Sección Segunda acordó suspender la pena privativa de libertad al procesado, a la que no se opone el Ministerio Público, aunque de forma condicionada.

José Manuel C.M. no tendrá que entrar en prisión después de que el tribunal haya accedido a suspender la ejecución de la condena. No obstante, los magistrados han condicionado esa suspensión a que no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años. Igualmente, deberá cumplir sin falta el plan de pagos acordado con las partes para abonar 7.388 euros anuales hasta saldar la totalidad de la deuda con los afectados.