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El conseller Vicent Marzà, en las inmediaciones de Les Corts.
El Gobierno también irá a los tribunales si Educación no renuncia a su boicot a la Lomce

El Gobierno también irá a los tribunales si Educación no renuncia a su boicot a la Lomce

El ministerio recuerda que el plazo para adaptar la prueba final de Primaria a lo que dice la ley termina en dos semanas

Joaquín Batista

Miércoles, 31 de agosto 2016, 20:48

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El Gobierno también tomará, casi con total seguridad, medidas judiciales contra las políticas del Consell en materia de enseñanza. Desde el Ministerio de Educación explicaron ayer que se presentará un contencioso administrativo ante el Tsjcv si en dos semanas la conselleria no da una respuesta satisfactoria al requerimiento para adaptarse a la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), exactamente en lo que se refiere a las evaluaciones externas de Primaria.

FRENTES JUDICIALES

  • Aulas de dos años. Hay recursos en marcha presentados por Feceval y la asociación Adei.

  • Fcapa. La Federación de Ampas Católicas de Valencia ha presentado contenciosos contra la regulación de la jornada continua y las normativas de la admisión.

  • Sector concertado. Se han admitido recursos por la negativa a ampliar aulas en centros con demanda y por las supresiones.

  • Universidades. La Católica y el CEU han recurrido las convocatorias de becas autonómicas. También la exclusión de las prácticas.

  • Transporte escolar. El frenazo al contrato impulsado por el PP ha supuesto el recurso de parte de las empresas afectadas.

Aunque se deban respetar los plazos administrativos, el pescado está vendido. El conseller Vicent Marzà ya ha dejado claro que mantendrá su alternativa a las pruebas, pactada con otras comunidades díscolas. De hecho ha planteado una estrategia parecida para las reválidas de Secundaria que llegarán en junio.

El nuevo frente judicial se sumará al goteo de recursos presentados durante la legislatura: contra la creación de aulas de dos años en colegios públicos, los cambios en la admisión, la regulación de la jornada continua, la eliminación de aulas concertadas y la negativa a ampliar conciertos, la ordenación de las bolsas de interinos, el desistimiento en el contrato de transporte escolar y contra la nuevas políticas universitarias, como la exclusión del alumnado de las privadas de las prácticas sanitarias en centros públicos y de las becas autonómicas. En estos últimos casos el TSJ ha decretado suspensiones cautelares.

El listado es síntoma del nivel de confrontación existente en la educación valenciana, y si se fija la mirada en los recurrentes, quitando al Gobierno el resto representan a diferentes actores de la red privada.

En cuanto a las pruebas de 3º y 6º de Primaria, en la Comunitat se dejó a elección del centro la aplicación del modelo Lomce -un examen orientativo de competencias orquestado por el ministerio y corregido por personal externo- o un informe individualizado realizado por el equipo docente basado en la evaluación continua. Desde el Gobierno se consideró que la alternativa chocaba con la ley porque la prueba debe ser obligatoria y avisó a la conselleria a través de un requerimiento para que tomara las medidas oportunas.

Las reválidas seguirán si cuaja el acuerdo PP-Ciudadanos

  • Aunque la reforma educativa del PP no es ajena a la incertidumbre política que se vive a nivel estatal, poco cambiará si fructifica la opción que de momento se ha puesto encima de la mesa la investidura de Mariano Rajoy con el apoyo de Ciudadanos y CC.

  • En este escenario se aplicaría el pacto entre los partidos. Entre las 150 medidas acordadas está la paralización del calendario de aplicación de la Lomce en aquellos aspectos que no hayan entrado en vigor mientras se impulsa un pacto nacional por la educación. Serán más bien pocos si se tiene en cuenta que en el curso 2016-2017, el que está a la vuelta de la esquina, se completa la implantación en sus aspectos centrales los cambios llegan a los cursos pares de Secundaria, incluyendo las llamadas reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

  • La primera debe superarse para pasar de etapa y la segunda para poder entrar en la universidad. Hay que tener en cuenta que los reales decretos que desarrollan la Lomce en estos aspectos ya están aprobados y publicados en el BOE, por lo que son plenamente efectivos. También los que afectan a temas de ordenación académica como los nuevos itinerarios en función de si el estudiante se dirige hacia la FP o hacia el Bachillerato.

  • Otro escenario posible, la gran coalición de izquierdas, cambiaría la situación. Ya en la pasada legislatura -la fallida- la mayoría parlamentaria acordó su paralización y la futura derogación. En este caso el partido de Rivera se abstuvo. La última opción, la repetición de elecciones, dejaría la ley como está mientras se mantuviera el gobierno en funciones. Y todo dependería de los nuevos resultados.

Fuentes del departamento estatal explicaron que todavía no ha caducado el plazo para contestar -llega hasta mediados de septiembre-, si bien insistieron en que «la intención» del ministerio es optar por el contencioso «si la contestación no se ajusta a la ley o si no hay contestación». Fuentes de la conselleria señalaron que la respuesta se remitió en tiempo y forma.

El conseller Marzà ya dejó claro en junio que mantendría la alternativa al considerar que se basaba en una interpretación de la Lomce y que los docentes que están a diario con los alumnos son los más indicados para valorarles. Sin olvidar que las instrucciones que regulan la 'vía valenciana' no se han modificado, lo que indica que no se atenderá la exigencia y que durante el curso que empieza se mantendrá esta opción.

La diputada popular en Les Corts Beatriz Gascó se mostró convencida ayer de que el ministerio recurrirá a la vía judicial en relación a las pruebas externas y dijo que «todas las decisiones importantes del Consell han acabado en los tribunales». Además, destacó que con la implantación de la Lomce en todas las líneas en valenciano se deberá dar en castellano al menos una asignatura no lingüística. «¿Va a cumplirlo Marzà?», se preguntó durante la rueda de prensa de balance del curso.

Gascó se mostró muy crítica. Advirtió de que ningún alumno se beneficiará de la retirada de barracones «por la acción del Consell», en el sentido de que los nuevos centros para el ejercicio fueron licitados por el PP; denunció que los programas de refuerzo reducen el peso del inglés; acusó a Educación de causar el conflicto de las becas universitarias - «el sectarimso y la radicalidad intentan disfrazarlos echando la culpa a otros» -; y destacó que con Xarxallibres no se alcanzará la gratuidad, sobre todo en los cursos que se adaptan a la Lomce. También auguró que el nuevo modelo lingüístico sólo se preocupará del valenciano.

Control fiscalizador del PP

La diputada anunció la creación de una plataforma para que cualquier persona puedan remitir sus quejas al grupo, que las planteará en sede parlamentaria. Sus críticas fueron replicadas por Compromís y PSPV. Los nacionalistas le recordaron el escándalo de Ciegsa en relación a los barracones mientras que los socialistas acusaron al PP de actuar como un lobby de la educación privada.

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