Los rectores piden dinero para pagar la subida salarial del 1% y la extra de 2012

Los rectores de las universidades públicas valencianas han trasladado al Consell la necesidad de incrementar el presupuesto básico que perciben las instituciones de las cuentas anuales de la Generalitat, actualmente en elaboración.

Tal y como explicó a LAS PROVINCIAS el portavoz, Jesús Pastor, la solicitud se justifica en que deben cubrir nuevos compromisos en materia salarial, como el abono de la paga extraordinaria que se eliminó en 2012 como medida de contención del déficit, de la que aproximadamente un 75% está pendiente de pago y tiene que afrontarse completamente en 2016. También hay que cumplir con el incremento salarial del 1% para el personal de la función pública, aprobado por el Gobierno en sus presupuestos para 2016. Además, Pastor argumentó que todos los años se produce un crecimiento vegetativo en la nómina de muchos profesores como consecuencia de acumular nuevos trienios, quinquenios docentes o sexenios de investigación, «que aumentan de forma natural sin necesidad de que se produzcan nuevas incorporaciones de efectivos».

Los máximos representantes de los centros, agrupados en la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (Crupv), trasladaron la petición en la reunión mantenida hace unas semanas con los consellers de Hacienda y Educación, Vicent Soler y Vicent Marzà. En palabras del portavoz, «la receptividad fue muy buena». También quiso destacar el compromiso del nuevo Consell de «equiparar al personal de administración y servicios de las universidades con el resto de funcionarios en cuanto al reconocimiento de la carrera profesional, de la que habían quedado excluidos con anterioridad».

En el encuentro los representantes del Gobierno Valenciano aceptaron mantener los acuerdos alcanzados por sus antecesores en referencia a la financiación básica del sistema universitario, que no sufrirá nuevas reducciones, y respecto al abono de la deuda histórica, que se afrontará en anualidades hasta el próximo 2022 y que responde a incumplimientos en los pagos mensuales de años anteriores y a inversiones comprometidas que no se llegaron a financiar.

En los últimos ejercicios presupuestarios el dinero que se ha transferido al sistema universitario público se ha mantenido en 665 millones -a repartir entre los cinco centros-, con los que se cubren, básicamente, nóminas y gastos de funcionamiento. La idea es que o bien se incremente esta cuantía para atender las nuevas obligaciones salariales -«el crecimiento vegetativo ya se está pagando, pero cada vez queda menos margen», en palabras de Pastor- o se habilite algún fondo especial para este menester.