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Una de las inspecciones llevadas a cabo en Alicante. L. P.

La Guardia Civil interviene una tonelada de pescado ilegal en varios locales de la costa alicantina

Los propietarios de los establecimientos han sido denunciados y se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 30.000 euros

REDACCIÓN

ALICANTE

Lunes, 15 de agosto 2022, 11:40

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El Seprona de la Guardia Civil de Alicante intervino durante el mes de junio una tonelada de productos pesqueros, frescos y congelados, en varias inspecciones realizadas en distintos establecimientos de Alicante capital, Altea y Elche.

El pescado intervenido, que estaba destinado a su comercialización, fue retirado por no cumplir con los requisitos establecidos, según ha informado el instituto armado este lunes.

Durante el mes de junio, el Seprona de Alicante realizó numerosas inspecciones en distintos establecimientos de comercio y hostelería dedicados a la venta de pescado "con la finalidad de garantizar la calidad de la mercancía a los consumidores, así como proteger tanto el medio natural como la supervivencia de las distintas especies".

En algunas de estas comprobaciones, los agentes detectaron diversas infracciones. Entre ellas, localizaron dos establecimientos de almacenamiento, distribución y transformación de productos pesqueros que carecían de autorización ni registro sanitario para desarrollar la actividad.

Restaurantes

En cuanto a los establecimientos de hostelería, los agentes detectaron en dos de ellos que el almacenamiento de los productos alimenticios carecía de etiquetado o cualquier otra trazabilidad con la que poder determinar su origen y condiciones para el consumo. Intervinieron más de una tonelada de productos como atún rojo, musola, pulpo, calamar, sardina, quisquilla o langostino. Todo lo aprovechable fue entregado a centros benéficos para su consumo tras pasar los pertinentes controles de calidad y el resto fue destruido.

Los infractores, los responsables de dos almacenes de Alicante y Altea, y dos restaurantes de Elche, fueron denunciados y se enfrentan a posibles sanciones de entre 601 a 30.000 euros después de unas infracciones calificadas como graves.

La Guardia Civil recuerda que realiza inspecciones de forma periódica con la finalidad de controlar la legalidad del origen y las condiciones sanitarias de los distintos productos destinados al consumo.

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