Un testigo exculpa a Johnson e implica a todo el Consell en la compra de Valmor

Otro día más el nombre de Alberto Fabra se ve salpicado en las testificales de la investigación sobre la compra de Valmor, la empresa que organizó la Fórmula 1 en Valencia. El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia sumó ayer dos nuevas declaraciones. La de Carlos Precioso, subsecretario de la Conselleria de Cultura, y la de Mateo Castellá, ex director general de Deportes.

Aspar y Camps están investigados por la organización de las carreras, el hecho de que la empresa privada no abonara ni un euro a la Generalitat que, en realidad, asumió el coste de la prueba y el pago del canon. La tesis de la Fiscalía es que el expresidente dio el negocio de la F-1 a su amigo Aspar,

La exconsellera de Cultura, Lola Johnson, se encuentra investigada por convertir a la Generalitat en avalista de Valmor y por «engañar» a los miembros del Consell al no informarles de que al adquirir la sociedad, la Generalitat se hacía cargo también de todas sus deudas. No obstante, Castellá -al igual que otros testigos- desmintió este relato de hechos o al menos aportó datos para desmontar la versión.

La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat concentraron sus preguntas en este asunto. La compra de Valmor se hizo por la junta general (el pleno del Consell) y constan varios informes que avalarían esta compra. El primero de Garrigues que se hace por encargo de la Sociedad de Proyectos Temáticos y luego otros dos dossiers más (también del despacho Garrigues y otro de Broseta). El primero de estos trabajos costó «varios cientos de miles de euros». El objetivo de estos informes era avalar la compra de la mercantil. Todo esto sucede ya en la época de Fabra al frente del Consell. Se da la circunstancia que ambos despachos mantenían una relación de asesoramiento con Valmor, pero a la vez con empresas públicas implicadas en la operación.

Castellá, en varias preguntas, puso en duda el papel de la Abogacía de la Generalitat en el proceso de venta. El organismo no realizó ningún informe al respecto cuando la Ley le atribuye esta labor de supervisión. Tampoco posteriormente instaron ningún procedimiento de nulidad. La compra de Valmor se fundamentó, según agregado el ex director general, en la voluntad de seguir con la organización de los grandes premios y en el convencimiento del retorno económico.

Precioso también apuntaló esa labor al menos sobre el papel de la Abogacía de la Generalitat. Esas decisiones, como la compra de Valmor, necesitan de informes jurídicos. Otro asunto es si realmente se ejerció esa labor, circunstancia que desconoce. Insistió en que las deudas a la sociedad de Aspar se reclamaron de diferentes formas, aunque nunca por la vía judicial.

También estaba prevista ayer la declaración de José López Jaraba que se vio finalmente suspendida. El exdirector de RTVV había solicitado declarar por videoconferencia. La petición fue entregada ayer pero todavía no tenía respuesta por parte del juzgado de Instrucción.

El expresidente de la Sociedad Circuito del Motor de la Comunitat Valenciana José Miguel Escrig declaró la pasada semana y en esta misma línea. De nuevo Fabra, según su versión de los hechos, apareció como último y único responsable de la decisión de comprar Valmor. Escrig admitió que el contrato de la F1 había sido trabajado previamente y el documento llegó al Pleno del Consell «ya negociado».

Este responsable negó que hubiera participado en el proceso de compra, pero aclaró que previamente a esa decisión todos eran conocedores de la deuda de la sociedad. Precisó además que cuando un asunto se introduce por vía de urgencia en el pleno del Consell es el presidente el que lo propone. En aquellas fechas, el responsable era el hoy senador Alberto Fabra.