La Guardia Civil busca en los ayuntamientos de Elche y Dénia contratos del 'caso Púnica'

Agentes de la Guardia Civil han requerido información en cinco ayuntamientos de la Comunitat Valenciana (Valencia, Castellón, Elche, Gandia y Dénia) por orden del juez que investiga la trama Púnica de corrupción.

El magistrado ha puesto en marcha la considerada segunda parte de esta operación, que el pasado octubre acabó con la detención de medio centenar de personas y que ha estado esta vez centrada en recabar información de consistorios.

Dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaron poco antes de las once de la mañana en el Ayuntamiento de Dénia solicitando los contratos firmados con las empresas relacionadas con el empresario Alejandro de Pedro, que en su conjunto rondan los 34.000 euros. Fue una operación rápida. Entraron, pidieron la documentación y se marcharon. Pocos fueron los que se enteraron de su presencia en el Consistorio.

Según la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, los agentes se personaron con una relación de las factura y documentos y se les entregó todo lo que solicitaron. En ese sentido, la munícipe recalcó estar tranquila ya que la documentación reclamada por los agentes fue la misma que ya dio meses atrás a la oposición cuando se la pidieron y que ella misma había detallado en una comparecencia pública el pasado 29 de octubre.

En aquella ocasión, la alcaldesa remarcó que los servicios que el empresario había prestado al Ayuntamiento estaban pagados y fiscalizados y que todo se había hecho dentro de la legalidad.

Ofreció sus servicios

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Elche se aseguró ayer que no ha tenido relación contractual alguna ni facturado ningún servicio con las empresas de Alejandro de Pedro. Fuentes municipales informaron en un comunicado de que la Guardia Civil se personó en dependencias municipales «para saber si el Consistorio había mantenido alguna relación contractual con estas empresas».

En este sentido, indicaron que el empresario Alejandro de Pedro, considerado «conseguidor» de contratos de la trama, fue al Ayuntamiento de Elche a ofrecer sus servicios, pero sus propuestas «fueron desestimadas desde el primer momento». El equipo de gobierno en funciones se ha puesto en contacto con los candidatos a la Alcaldía de Elche de los distintos partidos políticos con representación municipal para trasladarles esta información.

En el Consistorio de Valencia los agentes que se presentaron también pidieron las facturas con Madiva. El Ayuntamiento había contratado publicidad por un montante de 10.000 euros, pero a raíz de conocerse la investigación del caso zanjó el contrato. Ya había insertado publicidad sobre playas valencianas en medios digitales nacionales y en medios valencianos, sobre el Plan Jove, por unos 4.000 euros. Y en Gandia la Benemérita buscó un contrato de 15.000 euros con Eico.

La Guardia Civil también se personó en Castellón para reclamar información sobre la contratación de una campaña publicitaria con la empresa Madiva Editorial. El Consistorio contrató dos inserciones por 6.300 euros a esta empresa, editora de un medio digital, y cuyo propietario es Alejandro de Pedro Llorca, detenido en esta operación contra la corrupción por parte del juez Eloy Velasco. No obstante, tal y como ya informaron tras la detención de este empresario y como ayer el PP de Castellón reiteró en un comunicado, «tras conocerse la detención» el alcalde, Alfonso Bataller, paralizó el pago de las facturas que «a fecha de hoy estas facturas siguen suspendidas», según el PP.