Los comerciantes calculan que el centro de Ikea destruirá 2.000 empleos en la provincia

El informe realizado por el profesor de la Universidad de Alicante Armando Ortuño para la Federación Alicantina de Comercio y la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme) demuestra que el macrocentro comercial incluido en la Actuación Territorial Estratégica de Rabasa (ATE) provocaría la pérdida neta de más de dos mil empleos en la provincia, unos 800 de ellos en la ciudad de Alicante.

Directamente, el estudio calcula que más de cinco mil personas de toda la provincia perderían su puesto de trabajo en el comercio minorista, aunque el trabajo que generaría el centro comercial que se quiere implantar en estos terrenos llegaría a 3.300 puestos. Todo ello contando con la máxima superficie que dibuja la ATE, en torno a 152.000 metros cuadrados construidos. Con otras dimensiones, los efectos disminuirían, aunque la tendencia sería la misma.

Además, desde Facpyme alertan sobre otro detalle que no está en el estudio de la UA: «Demostramos que hay destrucción de empleo de calidad por más precarios en las multinacionales», aseguraba ayer el secretario general de Facpyme, Francisco Rovira.

Estos puestos se destruyen proporcionalmente al cierre de comercios minoristas que tendrán lugar si este macrocentro comercial llega a implantarse, explica el autor del informe. Calculan que por cada cien metros cuadrados de centro comercial que se ejecute en Rabasa, 160 metros cuadrados de tiendas echarán las persianas en el centro de la ciudad, uno o dos negocios.

En total, entre 1.600 o 1.800 pequeños negocios en el corazón de las ciudades, lo que supone un impacto negativo cercano al 10% de todo el tejido comercial provincial.

Y es que el impatco de la ATE no se queda únicamente en Alicante, ni siquiera en toda la comarca de L'Alacantí, sino que afecta a gran parte de la provincia. Tan solo se libran, según el estudio, las Marinas y la Vega Baja. Aquí el impacto es «irrelevante» por la lejanía una de Alicante y la otra por la cercanía con Murcia, por lo que ya estaría descontado el cierre de tiendas.

En el resto de la provincia, calcula el profesor Ortuño, supondría la destrucción, aproximada, de un 10% de las tiendas. Estas estimaciones se han realizado mediante un método econométrico del que se ha tomado como referencia los centros Thader y Nueva Condomina de Murcia. Y, según los autores, de manera conservadora, «ya que esa continuidad física buscada en Alicante trata de maximizar las compras en este entorno comercial y, por tanto, aumentaría el impacto sobre la actividad minorista» respecto a Murcia.

Otra variable que han analizado son las emisiones de CO2 producidas por los desplazamientos al centro comercial, y que aumentarían un 2% los gases lanzados a la atmósfera por los vehículos privados. Como dato curioso, en Murcia solo el 3% de los clientes que acuden a Nueva Condomina va en transporte público; el resto, en coche.

Este informe se une a las alegaciones que Facpyme presentó ayer ante la Conselleria de Infraestucturas contra la actuación urbanística promovida por Alicante Avanza, vinculada a la llegada de Ikea a la ciudad. Ha sido cofinanciado entre la Federación de Comercio y el Ayuntamiento de Alicante.

El secretario general de Facpyme, Francisco Rovira, aseguró que sus alegaciones van en la línea de subsanar las deficiencias que presenta el informe o, de lo contrario, piden que la Conselleria retire la actuación al no considerarla «estratégica» para la provincia.