Las bajas laborales se desploman a la mitad durante la crisis en Alicante

Las bajas laborales, denominadas técnica y administrativamente incapacidad temporal (IT), han experimentado una caída espectacular durante la crisis. El último dato difundido hace una semana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social revela que el abstentismo en el trabajo por una contingencia común como puede ser un simple resfriado, un catarro o un esguince de tobillo se ha desplomado a la mitad entre el año 2007 y finales de 2014. Los sindicatos lo achacan al miedo al despido que implantó la última reforma laboral del Gobierno, según explica a este diario la responsable de Empleo del sindicato UGT en l'Alacantí-Les Marines, Yaisel Sánchez Orta.

El dato incluye tanto las bajas del sector privado como el del empleo público. La última reforma de la Ley de Mutuas impulsada por el Gobierno de España puede suponer el colofón a una mayor reducción en las incapacidades temporales, porque, según Sánchez Orta, «requiere mucha burocracia y acaba perjudicando al trabajador, por eso genera también miedo y el trabajador, si se encuentra mal, no deja de ir al puesto laboral, incluso con un pie en mal estado».

Si en diciembre del año 2007 en Alicante se habían tramitado ante la Seguridad Social (y sus agencias delegadas las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales) un total de 13.154 procesos (los que se inician en el mes), esa cifra se desploma en noviembre de 2014 (el último dato estadístico divulgado por el Ministerio) hasta solo 6.299 procesos. Esto supone un desplome nada baladí del 52%. Además, si en el año 2007, antes de la crisis, la duración media de los procesos de baja por enfermedad común era de 47,39 días de media, en estos momentos la duración es de 45,53 días. Pero más significativo es todavía que la incidencia media mensual de las bajas por enfermedad por cada mil trabajadores (la tasa que mejor ilustra la situación) haya pasado del 23,83% a apenas el 13,72%.

Varias son las claves que explican esta situación. Por una parte, está la fortísima destrucción de puestos de trabajo, de ocupados como los denomina la encuesta de población ocupada, durante la crisis. Al haber menos trabajadores con empleo, se registran menos procesos de incapacidad temporal. Además, se suma la propia crisis, que aboca a miles de trabajadores, que antes de ella se tomaban una baja por un simple catarro, ahora se resistan a hacerlo directamente por miedo a perder su empleo. Como recuerda la dirigente ugetista, desde que entró la reforma laboral última, hace ahora tres años, la mera falta de tres días consecutivos al puesto laboral puede suponer un despido objetivo por causas disciplinarias por inasistencia. «Hemos visto situaciones de trabajadores que llevaban toda la vida en su empresa y que, de la noche a la mañana, se han visto en la calle por este punto conflictivo de la reforma laboral», añade Yaisel Sánchez.

A estos factores se añade, desde el año 2012, la cuestión económica, porque el Gobierno aprobó en esa fecha importantes cambios en el régimen retributivo de la IT que son de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo no era otro que frenar las ausencias en el trabajo de corta duración, menos de quince días. Incluso el Ministerio abrió una campaña específica de Inspección de Trabajo ante fundadas sospechas de que había fraude en este tipo de bajas.

A partir de esa fecha, los funcionarios y empleados públicos que causaran baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.