El Supremo acusa a Martínez y Such de usar tácticas dilatorias en el 'caso Fitur'

El Tribunal Supremo señala en la sentencia en la que acuerda que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) el encargado de juzgar la rama Fitur del 'caso Gürtel' que las dos diputadas autonómicas del PP que renunciaron a sus escaño días antes de la fecha fijada para la vista trataron de usar una «táctica dilatoria que en modo alguno puede tener acogida en el ordenamiento jurídico». Además, pide que se fije el inicio del juicio «sin demora».

La sentencia aplica por primera vez la doctrina establecida el pasado 2 de diciembre por el Pleno de Sala de lo Penal del alto tribunal para que sea el auto de apertura de juicio oral el que determine la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales.

Con este criterio ha sido resuelto ahora el recurso planteado por la Fiscalía Anticorrupción tras la renuncia a sus escaños de las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez, procesadas en el caso y que tenían que haber sido juzgadas ya porque la vista oral estaba fijada para el pasado 31 de marzo.

La resolución de la que ha sido ponente Joaquín Giménez García, explica las razones que han llevado al Pleno a adoptar por unanimidad su acuerdo, que establece que es en el momento de apertura de juicio oral, cuando quedan delimitados los hechos objeto de enjuiciamiento y las personas concernidas en relación a él.

Añade que en la medida de que el juicio oral está abierto ante un tribunal, el proceso sólo puede terminar por sentencia u otra resolución similar que ponga fin a la causa; a lo que se suma que la decisión del juez de instrucción de abrir juicio no es susceptible de cuestionamiento.

El debate de este asunto fue elevado al pleno el pasado octubre a petición de la Sala conformada inicialmente para estudiar el caso Fitur, y que integraban los magistrados Miguel Colmenero, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez.

El fiscal presentó el pasado abril un recurso después de que el TSJ dejara el caso en manos de la Audiencia Provincial al considerar que la renuncia a sus escaños en las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.

Anticorrupción recurrió al entender que dicha resolución no era ajustada a derecho y anunció un recurso por infracción de precepto legal y constitucional. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró incompetente para enjuiciar la pieza de Gürtel relativa a las contrataciones para la construcción del stand de la Comunitat para la Feria de Turismo Fitur entre 2005 y 2009.

En la pieza 3 del 'caso Gürtel' están procesadas 13 personas: la exconsellera y expresidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia; Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa -considerados presuntos cabecillas de la trama-; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, la Fiscalía solicita 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such pide nueve años de inhabilitación de empleo o cargo público.

El PSPV, que ejerce la acusación popular, solicita entre seis y 11 años de prisión para la exconsellera de Turismo y expresidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación y el pago de una multa de casi ocho millones de euros. Para Angélica Such, la formación política que lidera Ximo Puig requiere cuatro años de cárcel, 26 años de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.