La justicia impide a los padres elegir la lengua de enseñanza para sus hijos

Los padres de los colegios de Infantil y Primaria podrán participar antes de que acabe el año en la consulta orientativa que servirá a la Conselleria de Educación para decidir los programas lingüísticos que se aplican en cada centro. Se trata de una medida derivada del decreto de plurilingüismo, que el curso que viene ya se aplicará en 1º de Primaria, y que supone pasar de los tres programas actuales (castellano, valenciano e inmersión en valenciano) a dos: plurilingüe en castellano y plurilingüe en valenciano.

En realidad, sólo se va a impulsar un sondeo de opinión, no vinculante, que se tendrá en cuenta junto a otros informes a elaborar por la propia administración: desde un documento sobre la planificación de unidades escolares y puestos en cada línea del municipio en cuestión hasta un estudio sobre el rendimiento del centro en la última evaluación diagnóstica, concretamente el referido a las competencias lingüísticas.

El modelo utilizado no es casual. De hecho, supuso renunciar a la intención inicial de la conselleria de que los resultados de la consulta fueran vinculantes a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, esta propuesta no habría tenido encaje legal, teniendo en cuenta que en Galicia la justicia tumbó una iniciativa similar incluida en su decreto plurilingüe, en el que se deslizaba que la opinión de las familias sería determinante.

Este desarrollo normativo decía que «la lengua materna predominante será determinada por el centro educativo de acuerdo con el resultado de una pregunta que se efectuará a los padres antes del inicio del curso escolar», y además, establecía que en Infantil «el profesorado usará en el aula la lengua materna predominante entre el alumnado». En otras palabras, el decreto hacía que la consulta fuera definitiva a la hora de decidir la lengua vehicular.

La normativa derivó en un aluvión de recursos presentados por sindicatos docentes y asociaciones favorables a la lengua gallega. Y en todos los casos el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón en este aspecto a través de diferentes sentencias publicadas en 2012. Según se lee en los fallos, el derecho reconocido a la participación de los padres no podía «dar pie a que la consulta a los familiares de los alumnos determine, con carácter vinculante, la lengua a emplear en el aula, porque este aspecto entra dentro de la potestad de ordenación de la enseñanza que corresponde a la administración educativa en exclusiva». En este sentido, el tribunal, recogiendo la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional, señaló que «una cosa es que las familias hayan de colaborar para lograr una educación de calidad y otra muy distinta que la administración educativa pueda abdicar de su potestad de ordenación general de la enseñanza, haciendo dejación de su responsabilidad a la hora de garantizar que los niños reciban la primera enseñanza en su lengua materna (el gallego)».

Este último argumento se refería a que la consulta entraba en contradicción con la Ley de Normalización Lingüística de la comunidad, que garantizaba el derecho de los niños «a recibir la primera enseñanza en su lengua materna». Se trata del equivalente a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que expresa una idea similar pero de forma distinta, al establecer que «la incorporación del valenciano a la enseñanza en todos los niveles educativos es obligatoria».

En resumen, las sentencias del tribunal gallego están detrás de la idea mixta que ha planteado la Conselleria de Educación: se pregunta a las familias pero la decisión depende también de otros informes de elaboración propia, por lo que no hay lugar para que se acuse al departamento de dejación de funciones.

Las voces para que la consulta sea vinculante han sido varias. Por ejemplo, lo planteó el sindicato CSIF la pasada semana, durante la negociación de la orden que regula esta herramienta, aunque con la matización de que no impida una oferta suficiente tanto en valenciano como en castellano. Otras organizaciones más críticas con la medida, como la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV y Escola Valenciana, la han puesto en cuestión, entre otro motivos, por no ser vinculante, pues entienden que se trata de una iniciativa de corte electoralista de cara a las familias.