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Cataluña retiene dos mil documentos valencianos del Archivo de Salamanca

Cataluña retiene dos mil documentos valencianos del Archivo de Salamanca

Rodríguez Zapatero dejó a la Generalitat catalana que se llevara más de un millón de escritos sin control y el jueves se cierra el juicio para pedir la devolución

Francisco Ricós

Miércoles, 2 de marzo 2016, 21:29

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Esta semana se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el penúltimo capítulo del juicio de los papeles del Archivo de Salamanca, contra el gobierno catalán por llevarse documentos que no le permitía la ley, entre ellos al menos 2.000 pertenecientes a entidades y familias de la Comunitat Valenciana o emitidos por el bando republicano desde tierras valencianas.

El proceso judicial vivirá el paso previo a la sentencia con la presentación del escrito de conclusiones de las partes, como la acusación popular que ejerce Policarpo Sánchez, presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que no ceja en su intención de mantener agrupado el Archivo General de la Guerra Civil.

«Se trata de documentos de alto valor histórico, también con un alto valor patrimonial de varios millones de euros, que acreditan los hechos ocurridos en la última contienda nacional en España», aseguró Sánchez.

Todo se remonta a 2004, cuando Rodríguez Zapatero, tras ganar las elecciones, pidió los votos a los diputados independentistas de ERC para que apoyaran su investidura. Uno de los precios que pagó fue desmembrar la documentación catalana del Archivo de Salamanca y remitirla a la autonomía catalana. En total se desgajaron entre 1.100.000 y 1.500.000 documentos. Unos papeles que no tenía que quedarse el ejecutivo catalán, sino que la ley creada al efecto indicaba que se tendrían que devolver a los particulares o a la familia de a quienes les fueron incautados. Entre 2005 y 2011 se realizaron siete envíos de Salamanca a Barcelona

Pero la segregación de los papeles, como ha reconocido el Ministerio de Cultura, asegura Policarpo Sánchez, «no se realizó con un mínimo de rigor y de control». El investigador declaró a LAS PROVINCIAS que localizó «miles de documentos que procedían de entidades, administración o familias valencianas que fueron trasladados a Cataluña, al menos 2.000 acreditados», además de papeles pertenecientes a particulares que nada tenían que ver con el territorio catalán, indicó.

Hace justo tres años, Sánchez remitió un escrito a la conselleria de Cultura de la Generalitat catalana para preguntarles qué pensaban hacer con toda esa documentación foránea que habían puesto en sus manos y que no les pertenecía, en especial la correspondiente a Castellón, Alicante y Valencia, puesto que ninguna de esas tres provincias forma parte de la región de Cataluña.

El mencionado departamento del gobierno catalán dio largas a la hora de contestar, hasta que lo hizo: no estaba dispuesto a devolver nada, ni lo que le daba la ley ni lo que no le correspondía de acuerdo con la ley.

Con la respuesta, Policarpo Sánchez ya tenía argumentos para presentar un recurso y así procedió ante el TSJ de Cataluña en marzo de 2014. Basó su denuncia en que la ley solo amparaba el traslado de documentos catalanes y que obligaba, además, a dejar una copia compulsada de cada documento que hubiera salido del Archivo de Salamanca. Y esto último ni se hizo entonces ni se ha procedido a hacer hasta ahora. La obligación de dejar en la capital salmantina una copia compulsada de cada documento se arbitró «para un riesgo real de que se pueda manipular la historia. Se alertó de ello al TSJ de Cataluña pero aún no se ha hecho nada», afirmó.

«Por poner unos pequeños ejemplos, hay un documento que se refiere a un sastre de Valencia, otro a un labrador de San Vicente del Raspeig y otro, a una modista de Castellón. Son tres ejemplos entre otros cientos», afirmó Policarpo Sánchez.

El Tribunal Constitucional ya aclaró el 3 de enero de 2013 en una sentencia que la Generalitat catalana no podía quedarse documentos del Archivo de Salamanca que pertenecieran a particulares y que su obligación era devolverlos a quien se convertía en su propietario, el Gobierno del Estado, señaló Sánchez. «Había unos 400.000 documentos de los entregados a Cataluña que no tenían propietario porque, por ejemplo, pertenecían a asociaciones o entidades que dejaron de existir hace 70 años. ¿Qué hicieron? Se inventaron propietarios. Y eso es un fraude de ley», indicó Policarpo Sánchez.

El TSJ catalán admitió a trámite la demanda, la Generalitat recurrió en enero del año pasado , pero se desestimó.

La Justicia pidió al Ministerio de Cultura que entregase un inventario de la documentación dada a Cataluña y en enero de este 2016 el Ejecutivo estatal contestó que ni hay inventario ni relación pormenorizada de lo enviado a Cataluña.

Policarpo Sánchez señaló también que «el abogado de la Generalitat de Cataluña reconoció que tiene en su poder documentos de Valencia, Castellón y Alicante y que los reconoce como propios del territorio catalán, de los países catalanes».

«El 3 de marzo las dos partes entregaremos el escrito de conclusiones. Nosotros mantendremos que «Valencia, Alicante y Castellón no pertenecen a Cataluña, sino a la Comunitat Valenciana, que en ningún caso es territorio catalán, con lo que los gobernantes catalanes están violando la ley al mantener en su poder unos documentos que no les pertenecen. Por eso reclamaremos a la Justicia que ordene su devolución», indicó el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca.

«También pedimos al TSJC que exija una revisión completa de todos los documentos. Entraron a cuchillo en el Archivo de Salamanca incluso produciendo daños a terceros, como en el caso de Valencia», apuntó Sánchez.

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