El PP avisa de que los directores pueden cometer ilegalidades

La Conselleria de Educación está recurriendo en menos ocasiones al DOCV y más a instrucciones internas que transmite a través del programa Itaca o de correos electrónicos. El pasado 27 de julio remitió una instrucción, que no es de obligado cumplimiento para los centros, que en opinión de la diputada popular Beatriz Gascó es una «invitación a la ilegalidad».

En ella, se insta a los centros a cubrir Xarxallibres con el dinero previsto para gastos de funcionamiento del centro.

En el caso de que lo directores de los centros cumplieran esta orden podrían encontrarse ante problemas legales, según subrayó Beatriz Gascó. La orden de 18 de mayo de 1995 delega en los directores de los centros docentes públicos no universitarios el gasto al que están autorizado y la autonomía en las actividades financieras.

La norma es muy estricta de tal modo que para llevar a cabo un gasto que supere los 1.800 euros, el responsable del centro debe pedir tres ofertas a tres empresas diferentes y el consejo escolar decidirá la adjudicación.

En el caso de que la cantidad rebase los 6.000 euros los directores de los centros no pueden autorizar obras, aunque se traten de obras de conservación.

La orden 26/2016 de 13 de junio por la que se regula Xarxallibres en establece que los centros deberán «adquirir ejemplares nuevos para reponer los materiales que no reúnan las condiciones necesarias para ser reutilizados (...)».

La portavoz de Educación del grupo parlamentario popular en las Corts, Beatriz Gascó, afirmó que los directores de los centros se sienten «indefensos» y calificó al conseller de este departamento, Vicent Marzà, como «el Atila de la educación pública».

Gascó se refirió en estos términos en una rueda de prensa a las instrucciones dadas por la Conselleria a los centros que ordenan que estos deben asumir la diferencia existente entre lo que aporta la Generalitat y el coste de los libros, si este es superior, de los gastos de funcionamiento ordinario.

Según la parlamentaria popular, «esto es un nuevo atropello que invita a la ilegalidad y que supone un engaño a las familias y una indefensión para los centros docentes», y ha añadido que «la improvisación, las mentiras e ilegalidad son las tres