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La Comunitat se sitúa a la cola en el gasto por habitante en educación y sanidad

Los expertos vinculan la menor inversión en los servicios públicos a los problemas de financiación que padece la autonomía

J. BATISTA

Martes, 5 de mayo 2015, 00:02

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La Comunitat Valenciana se sitúa en el vagón de cola de la clasificación autonómica referida al gasto por habitante en educación, sanidad y protección social, los tres pilares del Estado de Bienestar. Así se desprende del estudio 'Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades', presentado ayer por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El trabajo no sólo se basa en una comparación de los números de cada región, sino que también se refiere a las causas que están detrás de las diferencias de inversión entre comunidades, como los problemas de infrafinanciación, y plantea posibles soluciones. Al fin y al cabo, como desliza el documento, que haya regiones que destinen un 60% más que otras a los servicios fundamentales no sólo evidencia un desajuste en cuanto a fondos disponibles, sino que provoca discriminación en el sentido de que un mayor gasto garantiza más recursos para unos ciudadanos respecto a otros.

En palabras del director del informe, el catedrático de la Universitat Francisco Pérez, «las diferencias territoriales no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos», lo que a su juicio es «motivo de preocupación» y «exige explicaciones».

El estudio mide los fondos destinados por todas las administraciones para sufragar las tres áreas citadas. En educación -donde se incluye desde la etapa de Infantil hasta los estudios superiores, además de becas y servicios auxiliares- el gasto en 2013 fue de 867 euros por habitante en la Comunitat, que ocupa la quinta posición desde abajo. La diferencia respecto a la que lidera el ranking, el País Vasco (1.224), es del 41%, aunque si se comparan los dos extremos (Madrid cierra la lista) la distancia entre autonomías se eleva al 54,74%.

En cuanto a sanidad (asistencia primaria, especializada y hospitalaria, salud pública e investigación clínica) la valenciana es la tercera por la cola con un desembolso de 1.301 euros per cápita frente a los 1.714 de Asturias (+31,74%), mientras que en protección social (servicios derivados de la jubilación, edad avanzada, desempleo o exclusión) la región vuelve a ser la quinta con menos gasto (3.542) , un 62,36% menos que la última comunidad citada (5.751).

En la clasificación global, es decir, la que se refiere conjuntamente a las tres áreas bajo la denominación de servicios públicos fundamentales, la Comunitat se mantiene la misma posición que en la anterior, con una media per cápita de 5.710 euros frente a los 8.531 de Asturias, lo que arroja una diferencia del 49,4%. La máxima distancia se da entre esta y Canarias, donde se invierte un 62,4% menos.

El trabajo también acredita la reducción que se ha aplicado en todas las autonomías como consecuencia de la crisis, a pesar del esfuerzo derivado de destinar más recursos en términos porcentuales. Por ejemplo, a nivel global en 2013 se dedicó un 28% del PIB a los servicios fundamentales frente al 23% de 2007 (antes de las crisis).

También es llamativo el hecho de que las comunidades con mejor financiación (Asturias, País Vasco y Navarra) protagonizaron en 2013 un gasto mayor que el que alcanzaban otras autonomías como la valenciana antes de tener que aplicar ajustes presupuestarios. Como explica Vicent Cucarella, investigador del Ivie participante en el estudio, que haya regiones que inviertan más que otras no se puede explicar con la idea de que hay «mayores necesidades objetivas», como una población más envejecida o dispersa, factores que también se han tenido en cuenta y que sólo sirven para explicar un tercio de las diferencias.

De hecho, en el estudio se deja claro que «las que cuentan con más financiación, como las forales, superan en una horquilla de entre el 40% y el 50% a las peor financiadas, como Andalucía, la Comunitat, Castilla-La Mancha o Murcia». Además, entre las recomendaciones en aras de una mayor igualdad entre ciudadanos se plantea «adecuar los sistemas de financiación autonómica a los compromisos constitucionales de equidad interterritorial». También se habla de crear «fondos de previsión en años de bonanza en los servicios públicos fundamentales, como los de las pensiones, para mantener estable el gasto en sanidad, educación y protección social».

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