Antifraude investiga el sobreprecio de un terreno comprado en el plan Porxinos

Lo de Porxinos va camino de rivalizar en dramatismo a la ATE de Mestalla. Aquel pelotazo que en su momento y para el Valencia persiguió Juan Soler y que resultó años después un rotundo fracaso, vuelve a estar ahora de nuevo en la escena blanquinegra. Esta vez, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana –organismo adscrito a Les Corts– se ha puesto manos a la obra para investigar por qué y bajo qué condiciones se compraron y cedieron supuestamente a la Generalitat unos terrenos en el término municipal de Llíria dentro de la operación Porxinos que el Valencia protagonizó, a través de Litoral del Este. Allí iba el club a construir una ciudad deportiva y más de tres mil viviendas en un PAI que pese a los retoques y modificaciones posteriores acabó en los tribunales y que con la sentencia del Tribunal Supremo, se zanjó definitivamente tirándolo completamente abajo. Salvem Porxinos se salió con la suya y tumbó un proyecto urbanístico que hubiera transformado de arriba a abajo el paraje y por el cual el Valencia pretendía hacer caja.

La denuncia ahora nace de hace unos pocos meses del propio alcalde de Llíria, Manuel Civera, que es el primer sorprendido al comprobar que unos terrenos de su municipio que pretendía limpiar por las continuas quejas vecinales y para prevenir incendios son teóricamente porque así lo dice el catastro, propiedad de la Generalitat. Hecha la posterior consulta, la administración autonómica desmiente ser la propietaria y a raíz de ahí se descubre que esos casi 800.000 metros cuadrados forman parte de la concesión que el Valencia se vio obligado a compensar a la administración –dentro de la Ley de Territorio– incluidos en la macro operación de Porxinos. «En la Generalitat se sorprendieron muchísimo porque aseguran que nunca aceptaron que ese terreno tuviera que ver con lo de Porxinos. La situación es totalmente anómala porque el catastro da la propiedad a la Generalitat. Además, no tiene ningún sentido que en lugar de ceder parajes del entorno del Túria, que es lo lógico y lo que se ajusta a la normativa, tuvieran que venir a Llíria, con bastante menos valor que la zona de Porxinos y alejada más de diez kilómetros», afirmaba ayer mismo el alcalde.

Y es, además, el valor de adquisición lo que hace sonar una nueva alarma. No sólo choca el término, alejado de Riba-roja, sino también el contraste entre los precios que se pagaron a los antiguos propietarios (una familia de cierta tradición en Llíria) y la cantidad que tuvo que desembolsar el Valencia para adquirirlos a Desarrollos Euro mediterráneos Sl. Esta última firma compró el Coto de Izquierdo –como así se llama por la familia propietaria– por unos 8.000 euros y se los vendió poco tiempo después al club multiplicado por mil: casi 9 millones (8.920.952 euros). Se pregunta entonces Manuel Civera: «¿El Valencia se vio obligado a pagar ese dinero por las prisas o lo pagó gustosamente? Es desorbitado desde luego y la empresa mediadora tuvo una alta suma de ganancias, porque parece una evidencia que se compraron en su momento con expectativas urbanísticas».

A la espera de las investigaciones y comprobaciones que realice Antifraude, miembros del consejo de administración que estaban en aquella época (2006) con Juan Soler, afirmaban ayer mismo desconocer totalmente todas las gestiones que se hicieron en su momento sobre Porxinos. Litoral del Este fue el brazo que utilizó el Valencia para ejecutar el plan urbanizador. «El consejo no tenía ni idea porque al Valencia le llegó ya todo hecho», confesaba Juan Armiñana. Enrique Lucas Oller, que fuera vicepresidente y también abogado de la familia Soler, negaba también conocer este asunto: «No me consta nada de que se compraran terrenos en Llíria».