La UPV ya alertó de la «amenaza» de los asentamientos en el viejo cauce de Valencia por el problema de la vivienda

LAS PROVINCIAS publicó la semana pasada la existencia de más de un centenar de asentamientos de indigentes en la gran zona verde de Valencia. Las tiendas de campaña y los colchones en los que malviven a diario personas en situación de calle se sitúan bajo los arcos de los puentes históricos, junto a los pretiles laterales, en mitad de los jardines o emboscadas entre los arbustos.

Esta realidad, además de haber sido denunciada por algunos vecinos, tampoco ha pasado inadvertida para la academia dado que en el citado informe del Observatorio de la Vivienda, la propia entidad recuerda que en anteriores editoriales ya alertaron «del riesgo de que, ante la imposibilidad de acceder a vivienda en el mercado reglado, comiencen a proliferar asentamientos informales en Valencia». Asimismo, apuntan a factores como la entrada de inmigrantes o el fuerte crecimiento de hogares previsto «exige una respuesta inmediata» para afrontar la emergencia habitacional.

'Una ciudad sin oferta es una ciudad inaccesible'. Este es el título con el que desde la UPV quieren poner de manifiesto el estado «profundamente preocupante» en el que se halla la vivienda en Valencia. El desplome de la oferta de obra nueva erosiona el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado así como el acceso a una vivienda digna, especialmente para los colectivos más vulnerables como los jóvenes o los inmigrantes. La escasez de la construcción afecta ya a casi la mitad de los barrios de Valencia, causa que ha desplazado la tensión de la demanda hacia el área metropolitana y los pocos distritos con actividad.

La construcción de obra nueva ha alcanzado ya los 3.500 euros por metro cuadrado de media capital del Turia mientras en seis municipios de su extrarradio ya se superan los 3.000 y en cuatro de estas localidades los precios medios están por encima de los registrados en la propia ciudad. Por otra parte, la UPV opina que la modalidad de alquiler «lejos de ser una alternativa, se ha convertido en una carga permanente» después de que el precio medio mensual marque los 1.674 euros. «Este modelo no solo expulsa a los hogares más vulnerables, sino que atrapa también a las clases medias, forzando a muchas familias a renunciar a su proyecto de vida», lamenta la Politècnica.

«Esta dinámica alimenta una espiral de exclusión que amenaza con romper los equilibrios sociales y funcionales del conjunto urbano», advierte el Observatorio que aboga por «activar urgentemente» la producción de vivienda protegida, cuya oferta actualmente es «testimonial».

Valencia «no puede seguir siendo una ciudad sin alternativas reales para las rentas medias y bajas». Asimismo, desde el Observatorio apremian a la Generalitat a publicar cuanto antes el módulo dinámico para la fijación de precios en las viviendas de protección pública (VPP) para posibilitar la promoción privada, también protegida, en condiciones de viabilidad económica.

«La construcción masiva de VPP supondrá el inicio del fin de este período de inestabilidad inmobiliaria, relajando los precios y dando oportunidad de acceso a la vivienda», acaba el editorial firmado por el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón López, que define el estado actual del mercado inmobiliario valenciano con una advertencia: «Lo que era una crisis de vivienda es ya una emergencia social, que, si no se aborda de manera urgente y decidida, podría derivar en un conflicto social de calado».

El Ayuntamiento argumentó que la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia ha sido el detonante de este incremento exponencial en la cantidad de tiendas de campaña que hoy en día pueblan el río. Según el análisis y conteo realizado por este periódico, más de la mitad de los asentamientos se cobijan bajo los puentes, especialmente en el de San José donde hay una veintena, y dos de cada tres campamentos se encuentran en el tramo comprendido entre los pretiles del Real y Glorias Valencianas.

La plataforma Sense Llar CV informó que la destrucción de algunos asentamientos del área metropolitana por culpa de la riada provocó que muchos de sus pobladores optaran por trasladar su lugar de residencia a la capital al sentirse más seguros en Valencia que regresando a sus devastados hogares.

Según fuentes municipales, el Consistorio, en colaboración con asociaciones y oenegés, ha identificado que al menos el 70% de personas sin hogar que duermen en el río tienen problemas mentales o de adicciones y muchos de ellos rechazan las alternativas propuestas por la Administración. A su vez, las mismas voces explicaron que los Servicios Sociales municipales alojan de media a un millar de personas en situación de sinhogarismo cada año y se encuentran trabajando para aumentar el número de plazas con diversas medidas.

Con este propósito, la alcaldesa María José Catalá ha mantenido una reunión esta misma semana con la nueva presidenta de la Asociación Valenciana de Casa Caridad, Elena Sánchez Calvo, y la directora gerente, Guadalupe Ferrer. En el encuentro se abordó el incremento de los asentamientos en el antiguo cauce del Turia y tanto el Ayuntamiento como las entidades sociales se conjuraron para trabajar codo con codo y estudiar la multiplicidad de perfiles de estas personas para ayudar a estas personas a salir del sinhogarismo.

Entre otras actuaciones emprendidas por el Consistorio para mejorar la calidad asistencial se encuentran la ampliación del convenio con la entidad Cruz Roja para propiciar la apertura del CAES de Santa Cruz de Tenerife, de manera continuada, 365 días al año, o el proyecto para su ampliación con la nave adyacente, duplicando así su capacidad. Por otra parte, también se han extendido relaciones con 'Salud y comunidad' y 'Sant Joan de Déu' para que puedan ofrecer más plazas de alojamiento urgente. Concretamente, 30 más el primero y 20 el segundo.

Por otro lado, espacio de Rocafort 'Casal d'Esplai', de propiedad municipal, se mantuvo abierta durante la operación frío 2023-24, para el alojamiento de familias hasta el 1 de abril 2024 y se está tramitando la contratación para la gestión de dicho recurso. Actualmente la instalación permanece cerrada pero desde la Casa Gran avanzan en los trámites para la legalización de la actividad, de la cual carecía por parte del Ayuntamiento de Rocafort.