Sólo en el Cabanyal hay más apartamentos ilegales que reglados en toda la ciudad

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha aprovechado la visita del ministro para apretarle. El ministro ha calificado como «gran victoria» en defensa por la vivienda el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocido este lunes y que insta a eliminar una primera tanda de 5.800 anuncios en Airbnb. «Los vecinos del Cabanyal saben que tenemos unas competencias pero es el Gobierno quien puede impedir que se haga publicidad en determinadas plataformas», ha indicado la primera edil.

«No nos sentimos tutelados, es que llegamos hasta donde llegamos: hemos triplicado la inspección, hemos suspendido licencias, hemos mejorado la regulación... pero tenemos que evitar que se publiciten en las plataformas los apartamentos ilegales», ha dicho. «El ministerio tiene que poner herramientas para las grandes ciudades. Es fenomenal que venga el ministro al Cabanyal, que es un ejemplo absoluto de cómo el anterior equipo de gobierno no consiguió atajar el problema», ha asegurado Catalá, que ha instado al ministro «a trabajar en evitar que las plataformas publiciten apartamentos ilegales que no están registrados».

Según explicó el ministro, su departamento tiene abiertos tres expedientes sancionadores en materia de vivienda. Uno es a «una gran plataforma de pisos turísticos por negarse a retirar anuncios ilegales de pisos turísticos». Otro es a grandes gestoras de pisos turísticos que «no indican la naturaleza jurídica de los contratos de arrendamiento que ofrecen en las páginas web», mientras que el tercer es a «una gran inmobiliaria».

Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los anuncios que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que «puede inducir a error o a engaño» a los consumidores.

La presidenta de Aptur CV, Silvia Blasco, ha cargado este miércoles contra el Consistorio. «Observamos con inquietud cómo el Ayuntamiento de València mantiene un discurso que demoniza la vivienda turística. Más aún, preocupa que sea Urbanismo quien haya asumido ahora la cartera de Turismo. Es un síntoma claro de que se está abordando un fenómeno tan complejo como el turismo desde una lógica exclusivamente restrictiva, desconectada del diálogo y de la realidad del sector», ha dicho.

«No se puede construir convivencia desde la división ni gestionar la ciudad a base de enemigos ficticios. Todas las viviendas de uso turístico de la Comunitat Valenciana que están registradas y reguladas no son un problema: son una parte del ecosistema económico, mayoritariamente gestionadas por familias que cumplen con la legalidad», ha insistido Blasco, que ha pedido «coherencia, diálogo y una política valiente que no confunda a la ciudadanía». «Necesitamos verdad y responsabilidad institucional, no campañas de desgaste. Apostamos por el turismo responsable, la transparencia y la convivencia y exigimos el mismo respeto», ha finalizado.