Ofensiva en Valencia contra los apartamentos turísticos ilegales: más de 1.000 cerrados en año y medio

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha pedido al Gobierno central que ponga en marcha ventanilla única de registro de apartamentos, y ha considerado que la decisión del ministerio de Consumo de bloquear la publicidad engañosa sobre apartamentos turísticos ilegales «llega tarde, aunque es positiva». Además, Catalá ha pedido al Gobierno que ponga en marcha también sistemas informáticos que vigilen la publicidad en las plataformas digitales de publicidad sobre apartamentos turísticos ilegales. Es un problema que afecta a todas las grandes ciudades española y «pedimos que se controle y retire esta publicidad, porque si no la labor inspectora de los ayuntamientos no es eficaz».

En poco más de año y medio, con el endurecimiento de las inspecciones y con las órdenes de cese de actividad, se han clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en Valencia. «Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos», ha destacado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Además, Catalá ha recordado que «frente a la parálisis de los gobierno de izquierda durante ocho años, hemos puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales». La clausura de apartamentos turísticos ilegales responde al «trabajo intenso» de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales.

La División Territorial de la Policía Local de Valencia, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado más de 700 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias se interponen «Por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad». En este último año y medio, los agentes han realizado más de 700 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022.

La clausura de apartamentos turísticos ilegales responde al «trabajo intenso» de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales.

Desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales. Una vez hay una reclamación se acude al lugar y se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.

Por otro lado, cabe recordar que la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, con la peculiaridad, que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad.