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El Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible (Cemas) del Ayuntamiento de Valencia, creado por Joan Ribó en 2019, tiene presupuestados 247.904,60 euros ... para gastos de personal, pese a que sólo tiene tres personas contratadas, tres técnicas superiores: una en Gestión del Conocimiento, otra en Comunicación (de baja desde hace meses) y una técnica superior de Administración y Gestión. Esta última, además, está interina. La fundación no tiene director desde hace aproximadamente año y medio y otra plaza, la de Secretaría, también está pendiente de rellenar. Son algunas de las conclusiones del informe del secretario general del Ayuntamiento sobre el sector público local, que desvela que el presupuesto para la fundación es de 323.000 euros, por lo que tres de cada cuatro euros van a pagar sueldos.
En este documento, se avala la decisión de fusionar el Cemas y Clima y Energía, la fundación sobre el cambio climático del Consistorio, habida cuenta, además, de que existe en el seno del sector público local el Consell Agrari Municipal, que ejerce funciones similares. «La fundación se financia de las subvenciones que pueda obtener de otras entidades para generar actividad y de las aportaciones del Ayuntamiento, es decir, que no genera otros ingresos para sostener y cumplir con sus fines fundacionales», reza literalmente el documento.
Es por eso que tanto sobre el Cemas como sobre Clima y Energía el secretario apunta que «sería conveniente» clarificar la gestión del Ayuntamiento en las materias de medio ambiente urbano, agricultura, alimentación sostenible e imagen de la ciudad, «identificando lo que se hace directamente con los servicios municipales y lo que se hace mediante la fundación, pues todas estas acciones responden a políticas públicas que, probablemente, deban gestionarse mediante alguna de las formas previstas en la normativa para los servicios públicos municipales, lo que obliga a estudiar si la fundación es el medio instrumento jurídico adecuado para gestionar las materias que tienen encomendadas».
El Cemas se creó en 2019 para continuar con el legado de la Capitalidad Mundial de la Alimentación, que el cap i casal ostentó en 2017. Es una iniciativa del Ayuntamiento para la identificación, clasificación, divulgación y sensibilización de los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades y la población, en general, en cuestiones alimentarias y nutricionales. En 2023, último año de presupuesto de Ribó, los gastos en personal pasaron de 85.000 a 206.000 euros. Cada técnico cobra unos 42.000 euros, y el gobierno de Ribó contrató a un director gerente, en la figura de Vicente Domingo, que cobraba 67.000 euros hasta que el 1 de noviembre de 2023 terminó su contrato.
Ahora, el gobierno municipal ya está trabajando en la transformación de las fundaciones Clima y Energía y Cemas para crear un nuevo organismo municipal, «que suponga un importante avance en todas las políticas de lucha contra el cambio climático, medidas de sostenibilidad, y políticas verdes», según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. «Será un nuevo gran organismo que trabaje en políticas de sostenibilidad para preparar la ciudad ante un cambio climático que afecta a todo el planeta», asegura el equipo de gobierno.
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El documento del secretario también avala la decisión de liquidar Valencia Activa. «Desde el inicio de mandato el gobierno municipal ha trabajado en la racionalización de todo el sector público para gestionar de una manera más efectiva y sin duplicidades los servicios municipales», indican fuentes municipales. La estrategia se inició desde el principio de la legislatura con la eliminación de la Fundación de la Policía Local o la inclusión de la Mostra de Valencia en el Palau de la Música. Fueron los primeros pasos en la racionalización del sector público municipal.
Con base a este informe se ha acordado el inicio de los trámites pertinentes para la liquidación y extinción aprobada hace una semana por la junta de gobierno local de la Fundación Valencia Activa y la integración de sus trabajadores al servicio de empleo municipal. La disolución de Valencia Activa forma parte de una estrategia del gobierno municipal para que el sector público local, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, dentro de los parámetros que marca la legislación vigente, sea más eficiente y sostenible, evitando dedicar recursos públicos por duplicado a entes que desarrollan funciones que ya desarrollan los servicios municipales.
En relación con la fundación Valencia Activa, el informe de la secretaría general del Ayuntamiento señala que entre las justificaciones de su extinción y liquidación están el que «desarrolla competencias impropias» de la Administración Local, ya que ley considera a los ayuntamientos como «Entidades Colaboradoras» con la Agencia Española de Empleo y los servicios públicos de empleo autonómicos, «para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos».
Al respecto, el informe de la secretaría general precisa que Valencia Activa no puede considerarse una entidad colaboradora. «Se comporta parcialmente como una forma municipal de prestar servicios lo cual, en puridad no es correcto por cuanto las fundaciones no son entes instrumentales de la entidad local para la prestación de servicios, como indica el artículo 85 de la Ley reguladora de las bases de régimen local». Asimismo, el informe también cuestiona que la fundación sea «el medio instrumento jurídico adecuado para prestar servicios de competencia local puesto que su base legal resulta en la actualidad dudosa». Además, señala también que Valencia Activa «también realiza ciertas actividades relativas al emprendimiento para lo cual también existe un servicio municipal con la misma actividad», y advierte de que no tiene ingresos propios para cumplir con sus fines fundacionales, sino que se financia a través de las subvenciones y aportaciones del Ayuntamiento.
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