El Ayuntamiento liquida Valencia Activa, la fundación de los líos

El concejal de Empleo y portavoz de Vox, José Gosálbez, ha anunciado que se ha tomado la decisión de cerrar la fundación «para evitar duplicidades, reducir costes operativos y no complicar la vida a los ciudadanos que cuando llaman al Ayuntamiento de Valencia no saben dónde consultar los temas de empleo o emprendimiento, Hay que ser más eficientes».

Gosálbez ha recordado que en esta fundación hay 24 empleados, «en estructura hay 21, y esos son los que se incorporarán al Ayuntamiento y los tres directivos no». Ha argumentado que los empleados de la estructura «trabajarán para el Ayuntamiento y habrá una absoluta continuidad de loq ue gestioba Valencia Activa, pero se gestionará bajo la tutela de lops servicios municipales y de los funcionarios».

También ha indicado que la decisión de clausurar Valencia Activa «no es una decisión de un día, es un trabajo y una decisión que se adopta tras 20 meses en el gobierno y tras conocer qué se hace desde Valencia Activa y desde el servicio de Emprendimiento».

Preguntado sobre si el objetivo desde el inicio era cerrar esta fundación, y una vez ya apartado de responsabilidades en el área de Juanma Badenas, el portavoz de Vox y concejal de Empleo y Emprendimiento ha reconocido que ya años atrás, «en la etapa de 2019-2023, la cuestión de Valencia Activa ya fue vista, pero no estudiada con profundidad porque estábamos en la oposición y se intuía que era una entidad prescindible».

Acto seguido el edil ha explicado que «el dinero público no está para malgastar» y preguntado si había citado la palabra malversar, ha respondido «no he dicho eso, pero evidentemente tampoco está para malversar».

En su intervención también ha detallado el proceso para hacer efectivo el ciere de la fundación. Ha comentado que la decisión de la extinción de Valencia Activa «tiene que pasar por el patronato, se tiene que doptar la decisión de la extinción y disolución y seguir todos los trámites hasta el cierre».

Acto seguido ha calculado que se hará efectivo en diciembre de 2025. «La fecha máxima que nos hemos marcado es el 31 de diciembre de 2025 y para el año 2026 la gestión de la fundación estará ya en los servicios municipales».

A la pregunta de cuánto dinero piensan ahorrar con esta medida, Gosálbez ha respondido que «no hay un cálculo hecho del ahorro económico, pero sí del operativo, es decir, de cara al ciudadano, que es el destinatario del servicipo público».

Ha insistido en la idea de que «cuando un ciudadano llame para un tema de emprendimiento, sabrá dónde dirigirse. Hay que evitr duplicidades, racionalizar las estructuras, priorizar los servicios públicos y reducir los gastos superfluos».

También ha sido preguntado por este tema el portavoz del gobierno local, el concejal popular Juan Carlso Caballero. Ha avalado la decisión de Gosálbez y ha indicado que es una decisión del gobierno local. «La decisión del cierre de Valencia Activa se ha adoptado por Junta de Gobierno Local para iniciar los trámites de la extinción».

Ha añadido que es una cuestión que el concejal de Empleo y Emprendimiento «lleva a la Junta de Gobierno, con un expediente y el objetivo es optimizar los recursos públicos para dar una atención única al ciudadano que busca empleo y ahora mismo se encuentra con Valencia Activa, el servicio de Empleo y el de Emprendimiento».

Caballero ha insistido en que el objetivo «del Ayuntamiento es poner las cosas fáciles, que el Ayuntamiento sea eficaz para ofrecer a los ciudadanos formación, soluciones o ayudas y favorecer que encuentren empleo las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 454 años, los jóvenes y que no tengan que ir saltando entre servicios. Apostamos por una oficina única. Hay que reorientarlo para dar la mejor efectividad».

Tras la rueda de prensa donde se ha anunciado la extinción de Valencia Activa, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Tanto Compromís como el PSPV han anunciado que llevarán este tema a la Fiscalía.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha adelantado que llevarán «de inmediato a la Fiscalía el cierre de la Fundación Valencia Activa, y solicitaremos que actúe de forma cautelar antes de que empiecen a destruir ordenadores a martillazos».

Según robles, «hay que dejar claro que esta fundación se cierra por la corrupción de un miembro del actual gobierno que actúa con la complicidad de la alcaldesa María José Catalá.

Por su parte desde el PSPV, el portavoz, Borja Sanjuan, ha indicado que van a poner «en conocimiento de la Fiscalía de manera inmediata la disolución de la fundación Valencia Activa a fin de que se lleven a cabo todas las diligencias de información oportunas a fin de que no se perder o destruir las pruebas de posibles hechos delictivos cometiendo con María José Catalá como presidenta de la fundación».

«El gobierno del PP y Vox quieren liquidar Valencia Activa porque sólo es el lugar donde entró la UCO a pedir los contratos irregulares de esa fundación presidida por Catalá. La realidad es que quieren hacer esto para tapar la posible corrupción y, de paso, acabar con las políticas de empleo en la ciudad de Valencia. Por eso vamos a poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para evitar que se destruyan pruebas y que en esa liquidación opten por tapar posibles corrupciones. No puede ser que los vecinos de Valencia paguen con recortes la corrupción del gobierno de Catalá».

No hay que olvidar que este anuncio del cierre de la bautizada como la fundación de los 'líos' se produce después de que el pasado 30 de abril los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entrara en el Ayuntamiento de Valencia para buscar documentación referida a sus antiguos directivos y, sobre todo, contratos vinculados con la etapa de Juanma Badenas, anterior edil del área, después de que el PSPV denunciaara ante la Fiscalía Anticorrupción presuntas adjudicaciones irregulares en Valencia Activa, en temas como patrocinios, premis de emprendimiento o jornadas de liderazgo, muchos de estos contratos firmados con un empresario afín a Badenas, si bien los líos en esta fundación se remontan hasta el origen.

Y es que en 2020, Intervención General firmó un demoledor informe en el que se hablaba de contrataciones irregulares de personal y fraccionamiento de contratos, además de otro tipo de deficiencias halladas en las cuentas que han llevado a firmar un informe de auditoría desfavorable.

El pasado año se conoció, asimismo, que el Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia condenó al Ayuntamiento de Valencia por prácticas laborales injustas durante la administración socialista de 2015 a 2023. La sentencia determina que se cometió discriminación salarial contra los trabajadores de la Fundación Valencia Activa, generando una doble escala salarial que perjudicó a los empleados contratados en el mandato anterior con salarios sustancialmente inferiores. Badenas anunció entonces el estudio de medidas legales contra los exresponsables socialistas que dirigieron Valencia Activa por posibles irregularidades administrativas y penales. La condena se basa en la existencia de una diferencia injustificada de retribuciones entre los trabajadores, a pesar de realizar funciones similares.

Luego llegó el lío con los estatutos. Vox quiso cambiarlos para dejar de priorizar el empleo femenino. En marzo de 2024, en un pleno del que llegaron a salirse los concejales de Vox, Badenas pidió que se respetaran los acuerdos «como hacen los caballeros y las damas». Catalá le dijo que sí, que claro, que lo que él quisiera, y luego le quitó las competencias de empleo femenino y las asignó a Igualdad. Ese mismo mes se inyectaron 180.000 euros en políticas para favorecer la empleabilidad de las mujeres.

Vox también ha tenido problemas internos en Valencia Activa, como la dimisión de la anterior gerente por motivos personales. Rescató a un alto cargo de la Conselleria de Agricultura para el puesto de gerente. Pero cuando parecía que las aguas bajaban un poco más calmadas, la publicación de una serie de informaciones en The Objective dinamitaron la tranquilidad en la sede de Guillem de Castro. En esas noticias se escuchaban audios en los que Badenas, presuntamente, animaba a buscar información comprometedora de sus rivales políticos y hablaba de cómo repartir la publicidad institucional.

Las denuncias del PSPV y Compromís llevaron a los tribunales, además, el contrato suscrito con Imedes, la empresa del marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, después de que en unos audios Badenas reconociera, presuntamente, que el contrato estaba amañado para que lo ganaran los socialistas y así nadie pudiera acusarles de sectarios. Otra denuncia posterior por unas jornadas organizadas en Madrid en las que no hubo ningún vínculo con Valencia y que costaron justo la cantidad máxima que se puede otorgar como contrato menor, sin publicidad, ha motivado otra investigación de la Fiscalía. La UCO entró este miércoles al Ayuntamiento en busca de contratos de la primera de estas denuncias, pero no se descarta que vuelvan a acudir a por papeles referentes a la segunda.

Es importante destacar que no es la primera fundación que el gobierno de Catalá disuelve. En octubre de 2023 ya se cerró la Fundación de la Policía Local de Valencia.

El anunció lo realizó en su momento el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, tras celebrar un patronato de la entidad. «Las fundaciones públicas tienen que tener una justificación y evitar duplicidades y en este caso, tras solicitud de varios informes a la Intervención Municipal como de empresas auditoras externas, no se ha podido justificar su existencia», dijo para justificarlo Carbonell.

También se dijo que se liquidaba en aras de la eficiencia en el presupuesto y porque no estaba aportando ningún valor a la ciudad.