Valencia Activa, otra «casa de los líos» en el Ayuntamiento

En 2020, Intervención General firmó un demoledor informe en el que se hablaba de contrataciones irregulares de personal y fraccionamiento de contratos, además de otro tipo de deficiencias halladas en las cuentas que han llevado a firmar un informe de auditoría desfavorable. Estas apreciaciones se han repetido con distintos concejales y distintos gobiernos sin que nadie haya hecho casi nada para mejorar la situación.

El pasado año se conoció, asimismo, que el Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia condenó al Ayuntamiento de Valencia por prácticas laborales injustas durante la administración socialista de 2015 a 2023. La sentencia determina que se cometió discriminación salarial contra los trabajadores de la Fundación Valencia Activa, generando una doble escala salarial que perjudicó a los empleados contratados en el mandato anterior con salarios sustancialmente inferiores. Badenas anunció entonces el estudio de medidas legales contra los exresponsables socialistas que dirigieron Valencia Activa por posibles irregularidades administrativas y penales. La condena se basa en la existencia de una diferencia injustificada de retribuciones entre los trabajadores, a pesar de realizar funciones similares.

Luego llegó el lío con los estatutos. Vox quiso cambiarlos para dejar de priorizar el empleo femenino. En marzo de 2024, en un pleno del que llegaron a salirse los concejales de Vox, Badenas pidió que se respetaran los acuerdos «como hacen los caballeros y las damas». Catalá le dijo que sí, que claro, que lo que él quisiera, y luego le quitó las competencias de empleo femenino y las asignó a Igualdad. Ese mismo mes se inyectaron 180.000 euros en políticas para favorecer la empleabilidad de las mujeres.

Vox también ha tenido problemas internos en Valencia Activa, como la dimisión de la anterior gerente por motivos personales. Rescató a un alto cargo de la Conselleria de Agricultura para el puesto de gerente. Pero cuando parecía que las aguas bajaban un poco más calmadas, la publicación de una serie de informaciones en The Objective dinamitaron la tranquilidad en la sede de Guillem de Castro. En esas noticias se escuchaban audios en los que Badenas, presuntamente, animaba a buscar información comprometedora de sus rivales políticos y hablaba de cómo repartir la publicidad institucional.

Las denuncias del PSPV y Compromís llevaron a los tribunales, además, el contrato suscrito con Imedes, la empresa del marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, después de que en unos audios Badenas reconociera, presuntamente, que el contrato estaba amañado para que lo ganaran los socialistas y así nadie pudiera acusarles de sectarios. Otra denuncia posterior por unas jornadas organizadas en Madrid en las que no hubo ningún vínculo con Valencia y que costaron justo la cantidad máxima que se puede otorgar como contrato menor, sin publicidad, ha motivado otra investigación de la Fiscalía. La UCO entró este miércoles al Ayuntamiento en busca de contratos de la primera de estas denuncias, pero no se descarta que vuelvan a acudir a por papeles referentes a la segunda.