La Marina deja en manos de la Abogacía del Estado el futuro de sus trabajadores

«Hemos pedido a la Abogacía del Estado, que es la competente, que nos haga un informe sobre el personal y cómo proceder con él», ha señalado Catalá, que también ha comentado que será ese documento el que clarifique qué tipo de figura tendrá que configurarse para los empleados actuales, que han reivindicado -incluso con protestas y concentraciones- ser personal público. Asimismo, se ha pedido a la comisión liquidadora saber «cómo va a organizar el día a día de la entidad hasta que se extinga definitivamente».

No ha sido la única decisión que se ha adoptado respecto al personal, pues el Consorcio también ha procedido a destituir a su actual director, Vicent Llorens, y a su adjunto, Evarist Caselles, como se había anunciado días atrás. Llorens era, además, el representante del Ayuntamiento en el Consorcio y sus últimos meses de gestión han estado salpicados de polémicas, pues el pasado mayor declaró como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la organización de la fiesta de las paellas universitarias. La condena a la entidad para abonar a parte de sus empleados las pagas extra que no se ingresaron en los ejercicios 2020-2022 o el robo de dos embarcaciones son otros de los asuntos que han oscurecido la gestión de una figura que llegó al Consorcio de la mano del exalcalde Joan Ribó.

Según ha detallado Catalá, tanto Llorens como Caselles son personas que realizaban labores de gestión «y ahora mismo la comisión liquidadora tiene que hacer activos, valorar pasivos, reorganizar la situación y proceder a la liquidación», que ha de ser efectiva el 31 de diciembre. En este sentido, se ha incorporado a la comisión liquidadora una persona del Ayuntamiento, en concreto un funcionario.

La alcaldesa, en declaraciones a los medios, también se ha mostrado muy crítica con la inacción del anterior equipo de gobierno municipal en los dos últimos años «porque se tendrían que haber tomado decisiones y se podría haber adelantado en este proceso de liquidación y constitución de una nueva entidad que haga frente al día a día de las instalaciones de la Marina». A su juicio, ha habido «una dejación funciones del anterior Ayuntamiento durante dos años y nos hemos tenido que poner a trabajar de forma rápida».

Asimismo, Catalá ha confirmado la puesta en marcha de una comisión paritaria entre el Consistorio y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), con quien ahora hay «un gran entendimiento y una interlocución fantástica», para hacer «una transición correcta en cuanto a los inmuebles» y el uso al que se destinarán cada uno de ellos.

Según la primera edil, «este entendimiento entre Ayuntamiento, Generalitat y Puerto de Valencia va a propiciar que el año que viene tengamos una entidad participada por las tres administraciones, que clarifique toda la cuestión patrimonial de la Marina, especialmente de algunos edificios en los que tenemos interés como los Docks o el Alinghi, y así generar un futuro próspero en una infraestructura necesaria para la ciudad«.

Preguntada por si el Ayuntamiento dejará en manos del Puerto los edificios y espacios para su gestión, la alcaldesa ha señalado que tiene «toda la intención de buscarle un futuro». «No es tener informes contradictorios entre Ayuntamiento y Abogacía del Estado» sino «buscar soluciones», ha añadido.