La UCO pidió también expedientes de Pilar Bernabé en Valencia Activa
Entre la documentación solicitada por la UCO hay varios informes firmados por la actual delegada del Gobierno o por alguno de sus subordinados
La Guardia Civil se personó el 30 de abril en el Ayuntamiento de Valencia para solicitar documentación y expedientes de la Fundación Valencia Activa, ... un ente municipal que se creó para impulsar el empleo y el emprendimiento. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) reclamaron los estatutos actualizados de la entidad, los certificados de las aportaciones que el Ayuntamiento ha realizado desde 2005 y los certificados de los patronos y de los órganos directivos desde su fundación.
La investigación se centra en la labor del concejal de Vox Juan Manuel Badenas al frente de Valencia Activa y los contratos que cerró con empresas como Imedes y Next Services 2000. La Fiscalía tiene una investigación abierta por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Al margen de esta documentación, y según ha podido saber este periódico de fuentes de la investigación, la Guardia Civil solicitó también expedientes relacionados con la etapa del Rialto al frente del Ayuntamiento, donde gobernaba la coalición Compromís-PSPV con Joan Ribó como alcalde.
La actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y esposa de uno de los responsables de Imedes –empresa investigada en el caso Badenas– estaba al frente de Valencia Activa en la época en la que se firmó parte de la documentación reclamada por la Guardia Civil.
Del ejercicio de 2021, la UCO ha solicitado al menos 11 documentos, la mayoría de ellos firmados por el que fuera subdirector de Emprendimiento de la Fundación, Javier Mateo, actual concejal socialista en el Ayuntamiento. Los documentos van desde informes de necesidad de medios hasta pliegos de prescripciones técnicas o resoluciones de presidencia.
De la gestión de 2022 también se ha solicitado abundante documentación, siempre en la misma línea que en el ejercicio anterior. Desde informes de necesidades a otros de existencia de crédito, que fueron firmados tras la verificación del propio Mateo, que en ese momento todavía no había entrado a formar parte del grupo municipal. Otros documentos son memorias justificativas de contratos de servicio con agencias para intermediar con los medios de comunicación.
De la documentación de 2022, también se han pedido resoluciones firmadas por la entonces presidenta de Valencia Activa y actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como una resolución por valor de más de 166.000 euros. Además, la Guardia Civil se llevó más documentación referida a la etapa final del Rialto, cuando Javier Mateo dejó el cargo para ser elegido concejal, y de la actual legislatura, con Juanma Badenas en el ojo del huracán.
Valencia Activa, a la que un concejal llegó a calificar como «la casa de los líos», estuvo durante el gobierno del Botánico bajo la supervisión de la socialista y hoy eurodiputada, Sandra Gómez, y después bajo el mando de Pilar Bernabé.
La Intervención General del Ayuntamiento ya puso la lupa sobre la gestión de la Fundación en la etapa del Rialto y puso el acento en contrataciones irregulares de personal y fraccionamiento de contratos, además de otro tipo de deficiencias que halló en las cuentas que le llevaron a firmar un informe de auditoría desfavorable. Ante el informe de la Intervención, el PP llegó a pedir que se creara una comisión de investigación.
La auditoría desveló en la etapa del Rialto el pago de alquileres que excedía del precio de mercado y contrataciones de altos directivos que no estaban previstos en los Estatutos de la Fundación. También alertó de subidas de sueldos a trabajadores del 26,6%, que en 2019 se tradujo en el alta de 23 trabajadores –uno fijo y 22 temporales– y que la mayoría no se correspondía con plazas previstas en la relación de puestos de trabajo de la Fundación.
Otro de los documentos que ha solicitado la UCO es el nombramiento de Javier Mateo como subdirector de Emprendimiento de Valencia Activa. Una maniobra que fue cuestionada por la Intervención municipal y sobre la que también se pronunció la Agencia Valenciana Antifraude, que abrió una investigación tras detectar indicios de presuntas irregularidades en la contratación de dos subdirectores de la Fundación Valencia Activa por el Empleo. La entidad solicitó la copia completa de los expedientes de contratación de Mar Marín y Javier Mateo, que fueron los que lograron el puesto sin seguir, presuntamente, el proceso que marca la ley en cuanto a publicidad y concurrencia. Ambos fueron contratados en 2017 y 2018, respectivamente, y luego formaron parte de la lista electoral del PSPV en 201.
Antifraude coincidió con el área de Intervención del Ayuntamiento de Valencia que se nombraron dos directivos «sin que se haya justificado que la designación haya atendido a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad. Tampoco se han aplicado procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia».
El puesto de subdirectora fue para la exsecretaria general de Joves Socialistes Mar Marín, una de las personas más próximas a Sandra Gómez y que en 2019 ocupó el noveno lugar de la candidatura socialista al Ayuntamiento. El puesto de subdirector de Emprendimiento lo ocupa Javier Mateo, que pasó por Valencia Activa como paso previo a ser concejal del PSPV.
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