Valencia Activa trata de regularizar la elección de dos altos cargos del PSPV

La Fundación Valencia Activa contrató a dos militantes socialistas como subdirectores sin estar esos cargos en la relación de puestos de trabajo y sin tener poderes para tomar decisiones. La irregularidad fue denunciada por la Intervención Municipal en un documento previo de auditoría y confirmada en el informe definitivo a pesar de las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno.

Ahora, la concejal de Modelo Económico, Pilar Bernabé, reconoce en una respuesta a la edil del PP María José Ferrer San Segundo las debilidades del nombramiento de estos dos subdirectores: «Se ha acordado por el Patronato (de la Fundación Valencia Activa) la modificación estatutaria para incluir los puestos de subdirección, así como el otorgamiento de poderes para ambos puestos directivos». La respuesta de Bernabé admite que en los estatutos de Valencia Activa no se incluyen esas dos subdirecciones y que se crearon para un adjudicación directa para, en este caso, personas relacionadas con el PSPV municipal. La regularización se produce cuatro años después del nombramiento de estos dos altos cargos.

La incorporación de estas dos personas se produjo cuando la actual vicealcaldesa, Sandra Gómez, estaba al frente de Valencia Activa. Los dos subdirectores son perfiles muy próximos políticamente a la referente socialista en el Ayuntamiento.

El gerente de la Fundación, Javier González Cardona, contrató en 2017 y 2018 a dos nuevos directivos con el rango de subdirectora y subdirector de emprendimiento, respectivamente. Dos nombramientos que se han encontrado con el férreo rechazo de la Intervención del Ayuntamiento. «Por lo que respecta al nombramiento de estos dos directivos, no se ha obtenido el acta del Patronato en el que se autorice la contratación de la subdirectora general y en cuanto al acta en la que se autoriza la contratación del director no se justifica que la designación haya atendido a principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad», señala. Los puestos fueron para dos perfiles con estrechas vinculaciones con el PSPV. El puesto de subdirectora fue para la exsecretaria general de Joves Socialistes Mar Marín, una de las personas más próximas a Sandra Gómez y que en la última lista electoral ocupó el noveno lugar de la candidatura.

El puesto de subdirector de emprendimiento lo ocupa actualmente Javier Mateo, otra de las personas cercanas a la vicealcaldesa y que en las elecciones ocupó el décimo puesto de la lista en las últimas municipales.

El informe de la intervención general es muy crítico con la creación de estos dos cargos: «No están previstos en los estatutos de la Fundación los dos cargos de subdirección, habiendo sido creados por tanto sin un soporte jurídico». Además, no se realizó un informe previo a las contrataciones por parte del servicio de personal del Ayuntamiento de Valencia.

A pesar de las irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención, Bernabé se defiende apuntando que el Patronato de Valencia Activa «aprobó sus contrataciones» y se escuda en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, «en el que no se refiere a procedimiento de selección alguno». Además, la concejal del PSPV apunta que el Plan-Programa de Armonización, que obliga a informar sobre los contratos de alta dirección, se aprobó después del nombramiento de Mar Marín como subdirectora.

El caso de Valencia Activa tiene cierto paralelismo con Divalterra, empresa de la Diputación. PSPV y Compromís crearon puestos de alta dirección que no tenían poderes para desarrollar esa función. Además, esos cargos en Divalterra no estaban en ningún relación de puestos de trabajo, de la misma manera que los puestos de subdirectores no estaban en los estatutos de Valencia Activa. Por este y otros motivos, la Intervención Municipal calificó de «desfavorable» la auditoría sobre la Fundación.

La respuesta de Bernabé provocó la reacción inmediata de la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá: «Los cambios apresurados que han comenzado a tramitarse en los estatutos de la Fundación Valencia Activa para incluir en el organigrama los dos puestos de subdirectores y otorgarles poderes ponen en evidencia que en la gestión de este organismo público se han producido graves irregularidades que no pueden quedar impunes y deben ser esclarecidas cuanto antes».

Para Català, «el caso de Valencia Activa es paradigmático de cómo el PSOE instrumentaliza el sector público del Ayuntamiento para fines políticos». La popular añadió que la «auditoría de Valencia Activa señalaba graves irregularidades en la contratación de personal que ahora están tratando de subsanar, pero el posible incumplimiento de la ley no se corrige adaptando a posteriori los estatutos y dando poderes a los subdirectores. Ya advertimos que los nombramientos de los dos subdirectores de la Fundación se hicieron de manera forzada sin el soporte jurídico que requiere la contratación altos cargos de dirección».