El Ayuntamiento retrasa a 2019 el cobro del IBI a entidades religiosas

El motivo, señaló ayer el delegado, es que los técnicos municipales esperarán a tener la matrícula del impuesto del próximo ejercicio, que se pone al cobro el 1 de marzo y hasta el 30 de abril. «Entonces, cuando veamos los que están exentos, podremos avisarles de que deben pagar, en caso de que sea así», dijo.

Vilar dijo que no se ha recibido ningún recurso por el cobro del Impuesto de Construcciones, donde ya se han girado numerosos recibos. Con el conjunto de estos dos tributos y el de Actividades Económicas, la previsión es ingresar unos dos millones de euros cada ejercicio, aunque primero se tratará de ingresar los pasados para evitar que prescriban y sean anulados.

El edil de Hacienda anunció el pasado junio que pondría al cobro el Impuesto de Bienes Inmuebles «lo antes posible» a la vista de la sentencia de un tribunal europeo que dio la razón al Consistorio de Getafe el pasado enero para cobrar 23.710 euros del Impuesto de Construcciones por las obras en un salón de actos al tratarse del lugar de actividades comunes y no religiosas. «El fallo explica que se vulnera la libre competencia, un principio europeo por encima de las legislaciones nacionales», señaló el edil.

El cobro del Impuesto de Construcciones cuenta con una mayor cobertura jurídica, aunque en el otro caso, señaló Vilar, lo conveniente habría sido «una modificación de la ley por parte del Congreso de los Diputados», promovida por el Gobierno del también socialista Pedro Sánchez o por alguno de los grupos que apoyan al Ejecutivo central.

Esto no ha sido así, lo que para Vilar y para otros responsables municipales favorables al cobro ha supuesto un cierto desencanto. No obstante, en el caso de Valencia aseguró que en la próxima matrícula de los recibos se separarán aquellos casos en los que se constate para el Consistorio que se trata de inmuebles donde se realizan actividades lucrativas, sea un hospital o un centro universitario, por conocer dos de los casos más claros.

El Arzobispado de Valencia, principal afectado por esta recaudación, no ha dicho nada prácticamente los últimos meses sobre esta cuestión, salvo que no se negarán a pagar todo lo que esté dentro de la legalidad. El propio alcalde Ribó pidió el pasado septiembre al Gobierno una modificación de la legislación para poder girar los recibos, lo que de momento carece de respuesta.

El Consistorio valenciano, junto con otros como Madrid, promueven desde 2016 en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias el fin de este tipo de exenciones, de las que también se benefician sindicatos, partidos políticos y asociaciones con fines sociales, entre otras entidades. El delegado de Hacienda subraya que la revisión de los recibos afectará a todos, aunque la parte gruesa será la Iglesia.