Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar
El Ayuntamiento anuncia que los dispositivos entrarán en servicio para recabar datos sobre la movilidad de la ciudad y no sancionarán al no haber sido aprobada la ordenanza
Los 'ojos' que venían a vigilar el cumplimiento de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Valencia entrarán en funcionamiento el próximo lunes, ... eso sí, sin multar. La fecha prevista para el arranque de la medida, que finalmente no se echará a andar conforme estaba calendarizado por culpa de la traición de Vox, socio de gobierno del Partido Popular, y la falta de entendimiento entre el PP y los grupos de la oposición -PSPV y Compromís- para alcanzar un pacto a contrarreloj, no ha alterado la puesta en marcha de los más de 400 dispositivos instalados dado que el servicio estaba contratado para que se iniciase el 1 de diciembre.
«Evidentemente, si no hay ordenanza, no se puede multar», ha señalado al respecto la concejala de Turismo, Paula Llobet, que este viernes ha ejercido como portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. La edil 'popular' ha explicado que la finalidad que tendrá la activación de las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones consistirá en monitorizar el paso vehículos que circulan por cada punto de control, identificar las etiquetas y tipología de los mismos, así como su lugar de registro o referencia.
La finalidad de la puesta en marcha de las cámaras, al no poder ser sancionadora sobre los vehículos de etiqueta A de fuera de la provincia por no haberse aprobado la norma pertinente, será elaborar estudios estadísticos que permitan identificar patrones de movilidad, estudiar la evolución del parque móvil y los efectos que sobre el mismo tendrán la aplicación de políticas de fomento de la movilidad sostenible, como el incremento de la oferta de transporte público, la puesta en marcha de nuevos carriles bici, la promoción de la accesibilidad peatonal y cualquier otra medida en ese ámbito.
Preguntada por la polémica alrededor de la no aprobación de la medida y el riesgo de perder hasta 150 millones de euros de fondos europeos, Llobet ha dicho que desde su partido han hecho los deberes al contar con toda la tramitación y los informes pertinentes relativos a la ZBE: «El único partido que está tranquilo y tiene muy claro que votó a favor de esa ordenanza de bajas emisiones en el pasado pleno es el Partido Popular».
«Hubo la oportunidad. Nosotros presentamos la ordenanza en tiempo y forma y aquí los únicos que tenemos muy claro que hicimos nuestro trabajo es el Partido Popular», ha insistido.
Por otro lado, ha cargado contra la oposición municipal por la convocatoria de un pleno extraordinario, precisamente para el mismo lunes, sin haberse sentado en la mesa para continuar las negociaciones «demuestra en que (la izquierda) no tiene ningún interés en que efectivamente se apruebe una ordenanza de bajas emisiones a la que votaron en contra».
La concejala de Turismo ha seguido afeando a PSPV y Compromís su negativa a la hora de alcanzar un pacto aduciendo a que estos grupos pretenden «mezclar temas y chantajear al equipo de gobierno que, en tiempo y forma, presentó, hizo todo el trabajo necesario para que esta ciudad tuviera una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones«. Asimismo, ha reprochado al resto de formaciones a que ahora »sean responsables de sus decisiones« que han derivado en el bloqueo actual.
Además, Llobet también ha esgrimido las «numerosas ocasiones» en las que el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, se puso en contacto con ediles de Compromís y PSPV para tratar de alcanzar un acuerdo, «pero evidentemente cuando alguien no quiere sentarse en una mesa ni negociar, pues es imposible». No obstante, en la sesión del próximo lunes Carbonell volverá a llevar la voz cantante para salvaguardar la ZBE apurando los plazos.
Sobre la cuantía de fondos europeos en riesgo, Llobet ha dicho que se trata de un asunto «muy complejo» y que el cálculo de los ya famosos 150 millones es una valoración de máximos dado que «todo esto es susceptible de la propia interpretación, como en el resto de casos de fondos europeos, que hace el Gobierno de España».
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