La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Ambas niñas salieron de la clínica adormecidas, una en carrito y la otra en brazos, sin haber pasado el tiempo de observación necesario para un procedimiento de sedación intravenosa, lo que constituye un posible delito de omisión del deber de socorro.

El relato de los hechos es aún más estremecedor al conocerse que el médico, tras enterarse de que la niña de cuatro años tenía fiebre y respiraba con dificultad, se limitó a hablar por teléfono con la madre de la menor para darle unas recomendaciones.

La niña había vomitado dentro de la clínica tras la sedación intravenosa y su estado empeoró cuando llegó a casa, por lo que su madre llamó al centro privado. Estaba muy preocupada porque su hija respiraba con dificultad y la fiebre no bajaba. La dentista le dijo que informaría de inmediato al anestesista, pero este ya se había marchado.

Tras ser localizado e informado de los indicios de intoxicación, el especialista habló por teléfono con la madre y le explicó que podía esperar una hora para ver si los síntomas remitían, y si no mejoraba el estado de la menor debía de llevarla a un hospital. Pero felizmente, la intuición maternal prevaleció sobre la indicación médica, y la madre desoyó el consejo y trasladó de inmediato a su hija al Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera.

La rápida actuación de una madre preocupada y los esfuerzos médicos salvaron la vida de la pequeña. La Policía realizó esta reconstrucción de los hechos tras tomar declaración a los padres de la niña, el especialista y la directora de la clínica.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el anestesista habló también por teléfono con una pediatra del Hospital de la Ribera tras el ingreso de la segunda menor, pero ya era demasiado tarde. La niña había sufrido un paro cardiorrespiratorio y tenía las uñas y labios azulados por la falta de oxígeno. Los sanitarios le practicaron técnicas de soporte vital avanzado (SVA) durante más de una hora, pero no pudieron reanimarla.

Según las investigaciones policiales, el médico habría actuado con negligencia, presuntamente, cuando sedó a las dos menores con fármacos sustraídos, cuya trazabilidad investiga la Conselleria de Sanidad, lo que habría influido en la muerte de una de las niñas y la intoxicación de la otra.

Además, la clínica de Alzira no contaba con la autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa, un hecho que agrava aún más la situación legal de la propietaria del centro médico privado, que también fue detenida por la Policía. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que investiga el caso, acordó el jueves la libertad del anestesista, aunque con medidas cautelares, al considerar que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Otra decisión cuestionable que podría haber evitado la muerte de la niña de seis años es que no avisaran a sus padres de que la otra menor tenía problemas respiratorios y fiebre, dos síntomas preocupantes de intoxicación, tras ser sedada poco antes con el mismo fármaco denominado midazolam.

Este medicamento utilizado por los anestesistas ralentiza la actividad del cerebro para facilitar el relajamiento y el sueño. Una simple llamada por teléfono podría haber alertado a los padres de la menor para que la llevaran con urgencia al Hospital de la Ribera antes de que sufriera el paro cardiorrespiratorio.

Además de la supuesta mala praxis del especialista en anestesiología y la odontóloga, la tragedia podría estar vinculada también a una contaminación relacionada con la trazabilidad del fármaco anestésico administrado a las niñas. Este fármaco lo sustrajo del hospital público donde también trabajaba, según confesó a la Policía y a los inspectores de la Conselleria de Sanidad.

De hecho, la jueza de Alzira afirma en un auto que todavía no dispone de «elementos suficientemente incriminatorios» para acordar la posible prisión provisional del anestesista, como pedía la Fiscalía, pues es necesario estudiar el historial clínico de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.

La magistrada entiende que no existen suficientes indicios racionales, en este momento incipiente de la instrucción, de que la causa definitiva de la muerte de una de las niñas «pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado».

El Instituto de Medicina Legal de Valencia todavía no ha recibido los resultados de los análisis toxicológicos de las muestras tomadas a las dos menores, por lo que los forenses no han podido determinar la causa de la muerte. El caso de la niña fallecida en Alzira ha conmocionado a la opinión pública y pone en tela de juicio los controles sobre las clínicas privadas y los fármacos utilizados en los quirófanos de los hospitales públicos.