La justicia obliga a un inquilino a pagar 52.846,25 euros por convertir la terraza comunitaria en un local de fiestas haciendo obras e instalando un jacuzzi
El acusado deberá abandonar el inmueble por un incumplimiento grave del contrato de alquiler
;Mario Lahoz
Valencia
Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:46
La Audiencia Provincial (AP) de Barcelona ha confirmado el desahucio de un inquilino por utilizar de forma indebida la terraza de la comunidad del edificio en el que vivía, realizando obras no autorizadas y celebrando fiestas y eventos privados que alteraban gravemente la convivencia vecinal.
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Según la sentencia, el inquilino residía en un estudio de Barcelona alquilado en 2013, cuyo contrato excluía expresamente el uso exclusivo del terrado del edificio. A pesar de ello, desde su llegada comenzó a ocupar la terraza como si fuera de su propiedad, instalando tarimas, jacuzzi, pérgolas, una barra de bar y cerramientos sin permiso.
La propietaria, que heredó el inmueble en 2019, recibió denuncias de los vecinos por ruidos, amenazas y filtraciones. También fue informada por el Ayuntamiento de que las obras realizadas «eran manifiestamente ilegalizables», por lo que presentó una demanda para resolver el contrato y reclamar indemnización.
El Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Barcelona estimó la demanda de la propietaria y declaró la resolución del contrato de arrendamiento, ordenando el desalojo del inquilino e imponiendo el pago de 52.846,25 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
El demandado recurrió la sentencia y alegó que contaba con el consentimiento tácito del anterior propietario y que solo organizaba reuniones familiares. La AP rechazó sus argumentos y consideró que no había constancia de autorización para las obras ni para el uso exclusivo de la terraza.
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La Sala concluyó que el uso dado por el inquilino a la terraza constituyó un incumplimiento grave del contrato de arrendamiento, tanto por los daños estructurales y urbanísticos que generaron filtraciones en el edificio, como por las molestias reiteradas a los vecinos.
Por ello, la Audiencia confirmó la resolución del contrato, el desalojo del inmueble y el pago de 52.846,25 euros por daños, reparaciones y perjuicios económicos.
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