El gobierno de Ribó dio barra libre a los apartamentos turísticos

En el registro oficial de la Generalitat, entre apartamentos y viviendas turísticas, se contabilizan 6.016, lo que representan un total de 27.697 plazas. De esta, entre 2015 y 2023, el periodo en el que el binomio del Rialto estuvo al frente del Ayuntamiento de Valencia, se dieron de alta 4.509 alojamientos, que vienen a representar unas 22.000 plazas. Además, según las fuentes consultadas, el 60% de las registradas eran ilegales pero no se tomó ninguna medida para hacer frente a la situación desde las delegaciones correspondientes.

Hasta la llegada del Rialto al gobierno, con Joan Ribó (Compromís) y Sandra Gómez (PSPV-PSOE) como referentes, en la ciudad de Valencia se contabilizaron 619 altas de alojamiento turístico. Unas autorizaciones aprobadas entre enero de 1994 y junio de 2015. El cambio de gobierno multiplicó el número de autorizaciones casi por ocho, transformando una ciudad, especialmente los barrios, donde los comercios de toda la vida dieron paso a apartamentos para acoger a millones de turistas. Una avalancha que dio paso al fenómeno, como se vive en otros lugares, de la turistificación.

Patraix, Campanar, Benicalap o Benimaclet son barrios de Valencia que han visto como la vida de vecinos ha dado paso a un ir y venir continuo de personas con maletas con ruedas que están de paso. La vida pasada, esa a la que alude Compromís, a cambio del nuevo modelo urbanita impulsado desde el Rialto durante las dos legislaturas en las que ha estado al frente de la ciudad de Valencia.

En 2016, según los datos que maneja el área de Urbanismo basados en el registro de la Generalitat, se dieron de alta 890 viviendas turísticas. Esa cantidad casi se duplicó un año después hasta 1.572 y en 2018 el número llegó a 1.433 viviendas turísticas.

Estas autorizaciones a granel han derivado en una masificación turística y en la conversión de locales comerciales en habitáculos turísticos. Incluso se han dado casos de que los propietarios de bajos no han renovado contratos con algunos comercios con el fin de reconvertir el inmueble en una vivienda turística porque sale más rentable.

La medida aprobada por el Rialto de flexibilizar la ubicación en bajos comerciales de apartamentos turísticos generó una avalancha de reformas en estos locales. PSPV y Compromís han realizado un llamamiento para participar en la manifestación del sábado por el derecho a la vivienda, aunque los datos demuestran que durante su mandato proliferaron los inmuebles turísticos.

Con el cambio de gobierno en las municipales de 2023, el gobierno de María José Catalá viró y ha aplicado una serie de medidas más restrictivas para contener la avalancha de los apartamentos turísticos, mantenerlos bajo control e impulsar modelos más tradiciones de uso turístico, con una apuesta clara por la construcción de nuevos hoteles en la ciudad.

Desde la llegada de Catalá a al alcaldía, se han tramitado 250 expedientes para el cese de la actividad de este tipo de viviendas. Además, se han dado licencia a una treintena de hoteles, a proyectos que en algún caso llevaba más de una década bloqueado. Durante la etapa del Rialto, sobre la mesa se amontonaron más de un centenar de solicitudes para abrir un hotel que no se resolvieron. El PP ha cambiado esa tendencia para apostar por uno de los motores económicos de la capital.

Estas medias para actuar contra los apartamentos turísticos ilegales también ha permitido que esas viviendas se reconviertan en alquiler tradicional, por lo que se abren nuevas oportunidades para aquellas personas, especialmente los jóvenes, que buscan su primera vivienda.

La ofensiva de control de los apartamentos turísticos se combate desde diversos flancos de la administración y, al igual que el Ayuntamiento de Catalá ha tomado medidas, el Consell fue uno de los primeros gobiernos autonómicos que puso en marcha la maquinaria para regular la situación.