Los vecinos logran desalojar a okupas de tres viviendas de una finca en el centro de Xàtiva

La okupación ilegal empieza a convertirse en motivo de preocupación creciente en Xàtiva, especialmente tras la ocupación de tres viviendas de una misma finca en una de las zonas más céntricas y cotizadas de la ciudad como es la Avenida Jaume I, popularmente conocida como la Alameda. La suerte y la rápida actuación de los vecinos culminó con la recuperación de los inmuebles y el desalojo de los okupas.

De hecho, uno de los ocupantes al llegar anoche a la vivienda y comprobar que no podía entrar porque habían cambiado la cerradura, llegó a interponer una denuncia contra el propietario.

La alarma la dio uno de los titulares afectados. Cuando llegó este lunes a su vivienda y se encontró a dos personas en el interior. Al indicarles que estaban en su vivienda, no opusieron resistencia y salieron del inmueble, llevándose las pertenencias que ya habían introducido.

Según este vecino, la vivienda okupada es su domicilio habitual que alterna con otra casa. De hecho había estado el domingo allí, por lo que la puerta había sido forzada en la noche del domingo al lunes. Este vecino cuenta con un piso en la misma finca y comprobó que la cerradura había sido cambiada. De inmediato, puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y del administrador de finca quien se puso en contacto con el resto de propietarios no residentes para comprobar si también habían sido ocupadas. Tras verificar los accesos, se confirmó que tres de las viviendas habían sido forzadas y las cerraduras cambiadas.

Gracias a la celeridad de los vecinos y a la actuación de la Policía Nacional, se pudieron recuperar de inmediato las viviendas. Los inquilinos han resultado ser amigos de la pareja de origen uruguayo que en el mes de junio habían alquilado legalmente un piso en la cuarta planta, con contrato vigente hasta septiembre. El propietario y la Policía Nacional han intentado ponerse en contacto con ellos, pero no responden, aunque se ha visto luz en la vivienda. No obstante, estos inquilinos tienen contrato legal hasta finales de este mes, por lo que no pueden ser desalojados.

Sin embargo, la nevera de ese piso apareció este lunes en uno de los otros tres desalojados, según corroboró el legítimo propietario, y una de las viviendas que carecía de suministro eléctrico tenía enganchada ilegalmente la luz a otro. 

Lo más rocambolesco es que uno de los okupas interpuso una denuncia ante la Policía Nacional contra el propietario al no poder entrar en la vivienda este lunes por la noche. Ambos han acudido a la Comisaría este martes y han llegado a un acuerdo, por el que retiran sendas denuncias y el okupa ha podido sacar del piso, en compañía de los agentes de la policía, sus pertenencias.

Según ha declarado a los agentes, había alquilado los tres pisos a una persona de nacionalidad colombiana a la que habría pagado 500 euros. Una declaración que consideran inverosímil.

Y es que los vecinos sospechan que, durante estos meses de verano, estos inquilinos legales han estado identificando las viviendas de la finca que se encontraban deshabitadas para ocuparlas y ofrecerlas a otros compatriotas, posiblemente para subarrendarlas. Esta hipótesis está siendo investigada a raíz de algunas de las pertenencias halladas en las mismas, identificativas del país de origen de los desalojados. De momento se desconoce cuántas personas pueden estar implicadas.

Los hechos han provocado una gran alarma entre los vecinos de la finca, de nueve plantas y ático (19 viviendas), que han visto cómo se ha ocupado sin darse cuenta estas viviendas. Según declara una de estas vecinas, que prefiere permanecer en el anonimato, no han tenido ningún problema con los inquilinos ahora desalojados.

El administrador, José María Ferrando, subruya la rápida actuación de los vecinos, así como de la Policía Nacional, que han resuelto la situación de manera diligente, rápida y sin tener que lamentar ninguna incidencia.

Eso sí, asegura que la preocupación es máxima y que los vecinos ya están tomando medidas para evitar que pudiera volver a ocurrir, como la instalación de alarmas en sus viviendas y otras a nivel de comunidad.

Desde la administración de fincas explican que en esta finca la radiografía es de viviendas que fueron compradas por gente pudiente que ya han fallecido o son mayores y sus sucesores viven fuera de Xàtiva y los pisos se mantienen deshabitados y cerrados porque no quieren o no les interesa vender.

Aseguran que el problema de la okupación cada vez está más extendido en Xàtiva, principalmente en el casco antiguo donde hay muchas deshabitadas. «Se están convirtiendo en un problema. Ahora se ha dado la circunstancia de que ha sido esta finca, pero también está ocurriendo en fincas de zonas adyacentes», explica el abogado, Miguel Ferrando.

Entre las recomendaciones que ofrece a los propietarios de fincas es que extremen la precaución y si escuchan cualquier ruido o golpe o si se observa cualquier actitud sospechosa, de inmediato llamen a la Policía.

También es importante controlar los accesos y mantener la puerta de entrada al edificio siempre cerrada e incluso instalar cámaras de vigilancia que puedan disuadir. A nivel tecnológico y particular, aconseja instalar alarmas o cámaras de vigilancia conectadas con el móvil que avisan si se produce una entrada ilegal. Otro método, aunque menos efectivo, por los hechos que se han dado en este caso, es reducir al mínimo el contrato de luz y agua de la vivienda.

Cabe recordar que la asociación de vecinos Casc Antic Digne y Viu de Xátiva elaboró un censo de viviendas okupadas en esta zona de la ciudad que dio a conocer en el mes de junio. En dicho censo contabilizó 24 casas con moradores ilegales, aunque ya se indicaba que pudieran ser más.

El Partido Popular también presentó una moción en el pleno de junio para afrontar lo que consideraba un problema, que fue rechazada por los partidos de la oposición. De hecho el alcalde, Roger Cerdà, calificó de alarmista la propuesta y aseguró que se estaba abordando el problema con la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional. En el mes de julio, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, el primer edil insistió en la necesidad de no crear una alarma social por este tema, que se estaba abordando con «eficacia y discreción», apuntando que la mayor parte de estas okupaciones se estaban produciendo en viviendas sin propietario conocido o pertenecientes a entidades bancarias.

Sin embargo, los acontecimientos de este lunes, en pleno centro de la ciudad y en una finca residencial, han elevado el nivel de preocupación entre los vecinos y reabierto el debate sobre cómo abordar de manera efectiva este fenómeno, dado que consideran que la ley ampara más al okupa que al propietario.

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