Otro desacuerdo entre la jueza de la dana y el fiscal: dar los datos de las presas

El letrado Francisco Regalado, acusación que representa a tres familias de víctimas, es una de las partes que más ha insistido en el papel de la presa pese a que el perito de la Politécnica que declaró el pasado día 9 rechazó cualquier conexión entre el agua embalsada en la infraestructura y el desbordamiento del barranco del Poyo.

La Fiscalía apoyó en parte su recurso y pidió que la Guardia Civil contara con esos datos en la elaboración de su informe. Entonces, el ministerio público recordó a la jueza que ella encargó diligencias al Ministerio de Transición Ecológica para que remitiera toda la información posible acerca de los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo. Entre otros requerimientos se solicitaban las características de capacidad, peligrosidad, sistemas de alivio, almacenamiento (el día de la dana) u órdenes de apertura de compuertas de desagüe. Estos datos, según el fiscal, deben trasladarse a los agentes que preparan el dosier.

Pero la jueza se ha opuesto. En uno de sus últimos autos ofrece dos motivos para denegar la petición. «El traslado a la Guardia Civil al objeto de que dijera si es procedente dicha prueba dejaría sin resolver la cuestión. Se trataría de una denegación encubierta, aunque fuera temporalmente, a expensas de lo que dijera la Guardia Civil». De igual modo, subraya que se está efectuando un informe, una cronología, por la Guardia Civil «que ha de basarse en documentos, conclusiones, declaraciones de peritos, no en simples aseveraciones no corroboradas y en manifiesta contradicción con la realidad incluso geográfica».

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En instrucciones de esta complejidad son habituales los diferentes criterios entre instructor y la Fiscalía. De hecho, el encargo de un informe a la Guardia Civil ya no fue una cuestión pacífica. La acusación pública, en realidad, reclamó un informe sobre los hechos, eventuales responsabilidades penales y cargos señalados. Un atestado del suceso. Pero la jueza lo descartó. Eso suponía, según explicó, una externalización de la instrucción. Y eso es una competencia directa y exclusiva de la juez, según argumentó.

Otro de los asuntos controvertidos es la citación como imputado de Emilio Argüeso, ex número dos de Emergencias. La jueza lo citó como imputado. Declaró durante horas, aunque no contestó a todas las partes. Esa misma tarde se conoció que la Fiscalía se había adherido al recurso de Argüeso por su condición como investigado. El ministerio público defendía que no se puede imputar a alguien únicamente por su cargo o disposición en un organigrama de la Administración sino que es necesario precisar una actuación sospecha de algún ilícito, una circunstancia que no se apreciaba en este supuesto.