El sobrino de Blasco explora un pacto con la Fiscalía para reducir la condena en el expolio del Hospital General

El juicio es otra de las macrocausas de los últimos años. La Audiencia ha señalado sesiones durante tres meses, aunque no de forma consecutiva. Lo extenso de la vista oral y los sólidos indicios que la Fiscalía parece haber reunido durante la instrucción han llevado a los acusados a explorar las vías de una conformidad, un pacto con la Fiscalía con el que a cambio de aceptar la autoría de los hechos logran una rebaja de la condena. De igual modo, el juicio no se celebra. Menos presión mediática.

Los términos de la conformidad planteada en su momento -se han celebrado varias reuniones entre las defensas y la acusación pública- resultaban muy beneficiosos para todas las partes. Por un lado, los acusados, que se enfrentan a elevadas penas de prisión, evitarían la entrada en la penitenciaría al reducirse el castigo por debajo de los dos años de prisión. Por otro, la administración pública recuperaría los fondos desviados desde la red delictiva. Pero las discrepancias en los cálculos definitivos de estas cantidades han lastrado la posibilidad de ese acuerdo. Al menos hasta la fecha. La conformidad, eso sí, debería ser total para todos los procesados en la trama. Rara vez se aceptan pactos parciales.

Los contactos no han fructificado. Pero sí han servido para establecer una línea general de cómo quedaría una hipotética modificación del escrito de acusación. La posibilidad de un acuerdo es real justo hasta el momento previo al inicio del juicio. Son horas decisivas.

Un juicio como este, con meses de vistas y el esfuerzo de preparar un sumario complejo como este, también son argumentos que invitan siempre a un pacto de esta naturaleza. De igual modo resulta favorable que el hecho de que solo exista una acusación. No hubo manera de que otras instituciones, supuestamente perjudicadas, se personaran en la causa.

Las conformidades no son ajenas a los grandes casos de corrupción. Más bien todo lo contrario. De hecho, se da la circunstancia de que la familia del exgerente del Hospital General también optó en su momento por la confesión. Por ejemplo, Rafael Blasco aceptó un pacto con la Fiscalía en las segunda y tercera pieza del caso Cooperación, aunque en ese supuesto ya había cumplido casi seis años de cárcel por el desvío de fondos. También su mujer eligió la confesión antes de una eventual entrada en prisión. Císcar pactó por una de las piezas del caso del IVAM, la de la gestión fraudulenta de la institución cultural. En la otra, la de la compra de obras falsas de Gerardo Rueda resultó absuelta.

La causa se originó con una querella ante la Fiscalía Anticorrupción y, según entiende el instructor, Sergio Blasco supuestamente creó un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos que, a su vez, subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras sociedades de la misma trama sin que ejercitasen actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se realizaban. Así, se servían de estas mismas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas con unos beneficios que revertían en los integrantes de la organización.

Anticorrupción solicita penas muy elevadas para los miembros de la red delictiva. Para Sergio Blasco, por ejemplo, reclama 20 años de cárcel. La multa asciende a 14 millones de euros. Uno de sus hermanos, Francisco José, también acusado, se enfrenta a 14 años de prisión. Ambos son hijos de Francisco Blasco, el que fuera alcalde de Alzira y expresidente de la Diputación de Valencia. El resto de los procesados son empresarios que participaron en la operativa.

La trama, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS, funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros a la Conselleria de Sanidad.

El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez. Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los dos estadios superiores de la trama.