Rafa Rubio sale de la cárcel tras dos meses en Picassent
El exdirigente socialista está acusado de cobrar y blanquear una comisión de la trama urbanística
Rafa Rubio disfruta ya de sus primeras horas en libertad. La jueza acordó en la mañana de este martes su salida de la penitenciarí a después de que la UCO completara las últimas diligencias pendientes e imprescindibles, como la entrada en el Ayuntamiento que se practicó este martes. El que fuera delegado del Gobierno abandonó la penitenciaría tras dos meses encerrado. El investigado, no obstante, no podrá salir del país y deberá comparecer periódicamente en el juzgado.
El exdirigente socialista, que durante años controló el Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, recupera de nuevo la libertad tras la enorme sorpresa que supuso su arresto por sus vínculos con una trama corrupta. Rubio está acusado de cobrar una comisión de cerca de 300.000 euros del empresario de la red delictiva, Jaime Febrer. Según las investigaciones de la UCO, de esta forma se compró su silencio en el Ayuntamiento para no hacer polémica de diferentes operaciones urbanísticas que favorecían al grupo de Febrer, Construcción Valencia Constitución, entre otras actuaciones supuestamente delictivas.
La jueza investiga si el ex cargo socialista pudo valerse del conocido como método del pitufeo para el blanqueo de la generosa comisión, tal y como informó LAS PROVINCIAS. Se da la circunstancia que se trata del mismo sistema que años después supuestamente emplearía el PP de Valencia durante la campaña electoral de 2015 para 'limpiar' unos 50.000 euros de la supuesta caja B de los populares. En el caso de Rubio, se indaga si se realizaron ingresos periódicos en la cuenta del entonces dirigente del PSPV y el papel de su mujer, también imputada en esta trama.
El pitufeo consiste en fraccionar una importante cantidad de dinero en diferentes transacciones para evitar alertas en los sistemas de vigilancia bancaria. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detectado transferencias o ingresos que encajarían supuestamente en esta dinámica delictiva para reintegrar un dinero delictivo en el flujo legal.
Resulta una incógnita el papel que el exdirigente del PSPV pueda adoptar en las diligencias a partir de este momento. Evidentemente, hasta la fecha no ha colaborado con los agentes. Pero eso no significa que no lo haga en un futuro. De igual modo, su estrategia de defensa puede ser diferente a la de otros investigados vinculados a la organización.
La agenda de Febrer, elemento clave en la reconstrucción de la trama delictiva, recoge reuniones en las que Rubio participó con Alfonso Grau y otro dirigentes del PSPV. El conocimiento de esta información desató todas las alarmas en el partido socialista porque las pesquisas analizan si la organización política pudo beneficiarse de los negocios de la trama.
El síndic del PSPV, Manolo Mata, por otra parte, acudió ayer a la Ciudad de la Justicia. El abogado, que ha asumido la defensa de Febrer en el caso Azud, se desplazó para explicar a la titular de Instrucción 13 de Valencia la codefensa legal que llevará con su compañero Miquel Vergara.
La magistrada sostiene que el investigado sólo puede tener un letrado con independencia de que otro profesional colabore o acuda en sustitución del titular. Mata, en cambio, mantiene -y no le falta razón- que la codefensa, con ambos profesionales personados, es perfectamente legal y, por otra parte, habitual en grandes causas de corrupción.
Asunto diferente es que el síndic del PSPV lleva la defensa de uno de los cabecillas de una trama de corrupción donde se investiga también a su propio partido.
La causa cuenta con otros destacados imputados vinculados con el grupo socialista. Por ejemplo, Pepe Cataluña, el histórico de las finanzas del PSPV que se ha visto salpicado en este asunto. Todavía no ha sido citado a declarar en el juzgado. También aparece José Luis Vera, jurídico de Divalterra y uno de los supuestos nexos entre Rubio y el empresario corruptor. Vera, que fue magistrado en la Audiencia de Valencia, ejerció al menos durante un año de apoderado en una de las sociedades de Febrer. Al parecer, era una especie de asesor jurídico para esta compañía inmobiliaria, según se informó en su día.
La causa, por el lado de los populares, se concentra en Alfonso Grau y su hija y en una sociedad patrimonial que cuenta con dos inmuebles en Valencia. También se mantiene como uno de los principales investigados, José María Corbín, excuñado de Rita Barberá.
