Operación Azud: Alfonso Grau y Rafa Rubio, detenidos por una trama de corrupción

La corrupción, de nuevo, despertó a Valencia. Una nueva operación policial con epicentro en la capital y con dos detenidos de relevancia en el cap i casal. Y cada uno vinculado a un partido político. PP y PSPV no podrán, de momento, utilizar este caso para hacer política. Ambas siglas están manchadas. Alfonso Grau fue vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia en la época de Rita Barberá, coordinador de sus campañas electorales, mano derecha de la primera edil. El hombre más poderoso en el Ayuntamiento.

Rafa Rubio, por su parte, fue candidato del PSPVa la alcaldía y siempre ha controlado los asuntos urbanísticos en el partido. Fue el lugarteniente de Sandra Gómez como coordinador general de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahora estaba de subdelegado del Gobierno. Era un hombre cercano al ministro Ábalos. Los dos dirigentes, rivales en lo político, supuestamente participaron en la misma trama. El periódico OKdiario adelantó ayer la cifra que se investiga: un millón de euros para Grau y menos de la mitad para Rubio.

¿Quién se encuentra al otro lado del tablero de la corrupción? Las sospechas apuntan al empresario Jaime Febrer, promotor y constructor de Valencia. El hombre estaba al frente de Construcción Valencia Constitución. Una empresa que supuestamente habría disfrutado de un trato de favor de la Administración a cambio de comisiones.

El cohecho se puede materializar a través de dinero, pero también en bienes. Se investigan ambas fórmulas. Ahora, se elaborarán informes patrimoniales de ambos investigados para averiguar si sus propiedades se corresponden con su nivel de ingresos. Una práctica habitual en casos de corrupción. En total, hay más de una decena de arrestados. Entre ellos, varios empresarios. Se practican registros en otras provincias españolas.

En Valencia, los agentes acudieron, una vez más, al despacho de José Maria Corbín. El letrado y excuñado de Barberá tiene su oficina en Grabador Esteve. Ya fue registrado durante la primera parte del dispositivo policial, hace ahora tres años. Apenas a 100 metros de allí, tiene su residencia Alfonso Grau, en un piso que ya fue examinado en su día durante la operación policial por aceptar relojes de lujo. La entrada terminó pasadas las cinco de la tarde. Grau abandonó el domicilio, acompañado por los agentes, camino del cuartel de la Guardia Civil. El arresto se había producido a primera hora de la mañana antes de que el exvicealcalde saliera de su domicilio. Se da la circunstancia de que una de las hijas de Grau, imputada en este dispositivo policial, reside a menos de 30 metros de su padre. Está casada con el hijo de José Luis Cámara, que fue gerente del Emtre con María Jesús Puchalt.

El otro punto informativo en la ciudad fue cerca de la avenida de Aragón, en el domicilio de Rafa Rubio. Tras más de seis horas de registro, los agentes trasladaron al detenido en la parte trasera de un vehículo mientras una veintena de periodistas tomaban imágenes cuando el coche salía del garaje en la calle Periodista Ros Belda. Uno de los vecinos del edificio subió en ese preciso instante el volumen del aparato de música donde escuchaba el Himno de España, que sonó también en la calle durante unos 30 segundos.

Minutos antes de la salida de Rubio de su domicilio, una decena de agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil apartaron a los periodistas que se agolpaban en la puerta del garaje para que los vehículos de los investigadores pudieran maniobrar con seguridad en la estrecha calle con coches aparcados en los dos lados.

Grau y Rubio mantuvieron airadas disputas en el Ayuntamiento. Incluso terminaron en los tribunales. El dirigente socialista acusó al exvicealcalde de tener intereses urbanísticos a través de una mercantil próxima a su familia. Pero tras pronunciarse los tribunales a favor de la mano derecha de Barberá, el tono de Rubio se suavizó. Es en este punto donde los investigadores creen que José Luis Vera hizo de intermediario con el cargo socialista. El arresto del dirigente causó una enorme conmoción en el Ayuntamiento de Valencia y, en general, en toda la familia del PSPV.

La delegada del Gobierno, Gloria Calero, apenas tardó unas horas en prescindir de los servicios de Rubio quien, además, ya arrastra un procesamiento por los denominados zombies de Imelsa, personas contratadas en la administración que no tenían ningún trabajo. Pero evidentemente hay un salto cualitativo entre ambas situaciones. El partido le ha abierto ya un expediente y le ha suspendido de militancia.

La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Los hechos que ahora se investigan comenzarían en 2005, pero se prolongan más allá de 2010 cuando Rubio estuvo de número 2 de Carmen Alborch en el Ayuntamiento.

La operación policial que se desarrolló este jueves acrecienta las sospechas de los gobiernos de Rita Barberá en el Ayuntamiento. Y añade una circunstancia más al panorama de la corrupción: la presencia del bipartidismo. La investigación pone sobre la mesa que el máximo responsable del PSPV en asuntos urbanísticos se dejó comprar a cambio de una mordida para supuestamente silenciar sus críticas. El sueldo de Rubio se situaba cerca de 70.000 euros anuales, una cifra como para no pasar apuros.

La causa sigue bajo secreto desde hace tres años por lo que resulta complicado conocer los detalles. Las primeras diligencias apuntaban a supuestas comisiones que recibió Corbín de los principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Una especie de peaje que el familiar de la alcaldesa 'cobraba' a las grandes empresas por supuestamente mantener un trato de privilegio con el PP de la ciudad. Los informes policiales apuntan a que Corbín pudo beneficiarse con dinero en efectivo e incluso propiedades de esa labor de presunta intermediación. Una de las claves que despertó el interés de los investigadores fue la brutal caída de la facturación del despacho del familiar de Barberá cuando esta dejó de ser alcaldesa. En estas pesquisas, aparecen algunas mercantiles que ya se investigaban en la financiación ilegal del PP.

Corbín y Grau se conocían. La UCO los sitúa en una de las empresas que encauzaban la supuesta financiación ilegal del PP. José Luis Vera es una persona próxima al PSPV. Y Rafael Rubio es un hombre de Ábalos. Estos son los vínculos de este nuevo caso de corrupción.