El empresario Febrer acepta seis meses por un fraude fiscal

El empresario fue trasladado desde la cárcel del Picassent a la Ciudad de la Justicia de Valencia. En un principio, iba a declarar desde prisión para evitar tener que aplicar los estrictos protocolos cada vez que un interno abandona y regresa a las dependencias, pero la falta de salas obligó a su viaje a Valencia. Todo invitaba a pensar que el juicio podía terminar en una conformidad, un pacto entre los procesados y las acusaciones por el cual se reconocen la existencia de determinados delitos a cambio de una rebaja de las penas. Y finalmente así fue. Alrededor de las 13 horas, el empresario admitió que el relato de hechos de la Fiscalía era cierto y se renunció al resto de la prueba. En un primer momento, el juicio se suspendió a la espera de que uno de los acusados fuera examinado por el médico forense para certificar que está capacitado para decidir por él mismo, en referencia a un eventual pacto. La causa se archivó provisionalmente para esta persona tras el dictamen del especialista.

Febrer se enfrentaba a un fraude fiscal por reducirse las cuotas de IVA en una sociedad que se había creado para un PAI en la Villajoyosa. La vista arrancó ayer después de varias suspensiones, la última el pasado mes de marzo. La Fiscalía pedía de entrada tres años de cárcel por el fraude, en grado de tentativa. Tras el acuerdo, el castigo se ha reducido a seis meses de cárcel y a una multa de 5.400 euros.

El ministerio público admitió el retraso de la causa por motivos ajenos a los imputados y eliminó la continuidad en la falsedad para rebajar las penas. La Abogacía del Estado también se ha sumado al pacto. Las defensas reclamaron la sustitución de la pena de prisión por una multa, una circunstancia a la que se opusieron la Fiscalía y la Abogacía. El titular de Penal 7 de Valencia decidirá en breve.

Una inspección de Hacienda frenó las devoluciones de las cantidades de la red delictiva por eso el delito no llegó a consumarse. Esta operación, juzgada ayer, según el relato incriminatorio del ministerio fiscal, estaba relacionada con una empresa creada para un PAI en la Villajoyosa: L'Illa de Naxos.

La firma tiene por objeto social la compraventa, construcción, promoción de inmuebles, intermediación en operaciones inmobiliarias, y la realización de las actividades propias del agente urbanizador. A esto último se centró en el presente procedimiento. La empresa L'Illa de Naxos estaba formada por tres mercantiles, entre las que figura de nuevo el vehículo inversor de Febrer, CVC.

En 2006 ceden su condición de agente urbanizador en dos PAI a otra sociedad, Fersa. Esta mercantil solicitó una devolución de IVA de casi medio millón por cuatro facturas de 464.000 euros. Hacienda frenó el pago tras una inspección. Lo que se detectó en su día es que Persa presentó facturas cuyos servicios ya habían sido facturados por las empresas que forman el consejo de administración de L'Illa de Naxos. Además, esta sociedad carecía de la infraestructura necesaria para la realización de los trabajos reflejados en las facturas. De hecho, carecía de trabajadores.