À Punt se queda sin auditor a los tres meses tras su marcha a Antifraude

Enrique Soriano, presidente del Consejo Rector y la directora de À Punt, Empar Marco. /EFE
Enrique Soriano, presidente del Consejo Rector y la directora de À Punt, Empar Marco. / EFE

Miguel Furió deja la televisión autonómica sin un profesional obligatorio para todas las empresas de más de 25 trabajadores

A. Rallo
A. RALLOValencia

No sólo la Agencia Antifraude se enfrenta a las carencias de personal tras la huida de buena parte de su plantilla ante la carga de trabajo. En ocasiones, las menos, se produce la situación inversa, es decir, funcionarios que acuden al organismo que dirige Joan Llinares y dejan en una situación de necesidad otros departamentos. Esto es lo que ha ocurrido con el cambio de profesionales de la televisión pública Á Punt, que ahora mismo se encuentra sin auditor interno.

Miguel Furió lleva una carrera trepidante en los últimos meses desde que abandonó en 2018 su puesto de secretario municipal e interventor del Ayuntamiento de Anna. Entonces, se encargó de la gerencia de la Ciudad de la Justicia, un puesto delicado por los numerosos problemas que generaba el edificio judicial y la falta de mantenimiento que arrastraba. En 2019 se marchó de auditor interno a la televisión pública, un puesto clave en el organigrama del ente. Todas las empresas que cuentan con más de 25 trabajadores están obligadas a disponer de un auditor. Su función es similar a la de un interventor, pero no realiza un a fiscalización previa. La etapa en la cadena autonómica ha sido breve, apenas tres meses. Durante su desempeño ya había trasladado que no se encontraba a gusto en la televisión. De ahí su salida exprés en busca de un nuevo destino.

El 15 de abril se publicaba su nombramiento como responsable del servicio de Generalitat y Servicio Público. Precisamente se trata de una de las plazas que quedó vacante en Antifraude tras unos meses de conflictividad en el órgano dedicado a la prevención de la corrupción y que depende de Les Corts. De hecho, Furió ocupa la vacante de José Vicente Martínez, el alto responsable que abandonó Antifraude apenas seis meses después de que se hiciera con la plaza por libre designación, tal y como publicó en su día el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Esta salida se produce, al igual que las anteriores, en el enrarecido ambiente en el que vive la propia entidad.

Antifraude arrancó por el compromiso de Podemos. La formación morada exigió este órgano como muestra de su lucha contra la corrupción. Pero ni el PSPV ni Compromís lo han visto nunca como un instrumento necesario. Mucho menos PP y Cs, que lo han criticado por el aumento innecesario de la administración. La institución depende de Les Corts, pero paga 10.000 euros al mes de alquiler porque la Generalitat no le ha ofrecido unas dependencias acorde a sus necesidades.

La carga de trabajo y la falta de medios, unidos al mal ambiente que se respira en el organismo, han sido las causas de que una decena de personas dejaran sus puestos en el último año, bajas que han afectado principalmente al departamento de investigación. Las dificultades para encontrar sustitutos han sido de tal envergadura que Llinares ha tenido que recurrir a un agente de la UCO para cubrir la plaza de máximo responsable cuando ese puesto está pensado para un fiscal o juez. Trató sin éxito de que un Abogado del Estado se hiciera cargo. Todos lo rechazaron.