Peinado propone mandar al jurado a Gómez, Barrabés y a la asistente por otros cuatro delitos

Se trata de los otros cuatro delitos por los que el titular de Juzgado Central de Instrucción 41 de Madrid mantenía imputada a la mujer de Pedro Sánchez, además del de malversación por el que ya anunció la pasada semana que también pretende que sea enjuiciada ante un tribunal popular. En este último caso por el supuesto uso de Álvarez para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que Gómez codirigía en la Universidad Complutense (UCM) de Madrid.

A pesar del paso tan relevante que supone mandar al «procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado» el grueso de las diligencias previas contra la mujer de Pedro Sánchez que se vienen instruyendo desde hace año y medio, Peinado despacha con un auto de apenas tres páginas este movimiento procesal trascendental. Tanto es así, que el juez ni tan siquiera enumera las supuestas irregularidades a las que vincula a los imputados a los que pretende enjuiciar frente al jurado, limitándose a recordar que ha «practicado numerosas diligencias» y que éstas ya obran en el sumario.

Peinado simplemente apunta a que en «el presente caso» resulta «verosímil la imputación que de los hechos relatados se hace» contra los tres encausados, a los que el instructor cita el próximo lunes a las 17:30 horas para que se les notifique la apertura del procedimiento del trámite del jurado popular.

Según interpretaron diferentes fuentes de este procedimiento ante la parquedad de argumentos y explicaciones de Peinado, éste, tras el paso procesal de este jueves, va a seguir instruyendo esta causa y la pieza separada de la malversación (por el supuesto uso de Álvarez para gestionar la cátedra) hasta cuando considere necesario. O sea, que en modo alguno parecería que el juez quiere poner punto final a la instrucción porque mantiene viva buen parte de las líneas de investigación que originaron las diligencias previas.

Así las cosas, y de no prosperar los recursos de los encausados, el 'caso Begoña' sería enjuiciado llegado el momento en tres partes, a la vista de los últimos movimientos procesales del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Un primer juicio ante el jurado por el supuesto uso de Álvarez para gestionar el día a día de la cátedra de la Complutense, tal y como apuntarían los 121 mails aportados a este procedimiento por el vicerrector del centro madrileño Juan Carlos Doadrio. A esta primera causa también podrían unirse los mails requeridos al Instituto de Empresa (IE) para comprobar si la asesora de Moncloa pudo dedicarse igualmente a asistir a Gómez en esta institución. En en el banquillo en esta causa se sentaría la esposa de Sánchez y la empleada de Presidencia.

El segundo juicio ante el jurado, cuyo procedimiento se inició este jueves, sería contra Gómez, Barrabés y Álvarez y en en este se recogería, en principio, el grueso de la investigación de Peinado, que desde que naciera en primavera de 2024 ha tocado, con mayor o menor fortuna, innumerables palos, tales como: la supuesta intermediación de Gómez en el rescate de Air Europa; la contratación de la mujer de Sánchez en IE semanas después de la llegada de su marido a Moncloa; la creación exprés de la cátedra extraordinaria con el asesoramiento de Barrabés; la supuesta apropiación indebida del software de TSC pagado por empresas colaboradoras de la cátedra; o el uso de su posición «para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada», tal y como apuntó la Audiencia Provincial de Madrid señalando el camino a investigar la relación con los patrocinadores de sus proyectos

La tercera pata es la que se ventila todavía en la Fiscalía Europea sobre los contratos de la Administración central que obtuvo Barrabés después de las cartas de recomendación que Gómez escribió a su favor. Unas misivas de apoyo que, según un reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), fueron determinantes para que el empresario oscense fuera beneficiario de contratos financiados por la UE, motivo por el que la investigación fue derivada al ente supervisor comunitario.