Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña

Los socialistas han respondido este martes que ven asumible la demanda de los secesionistas y además han pactado con los junteros una reforma legal que convertirá en obligatorio el catalán para trabajadores de servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general. La reforma legal pactada entre los socialistas y los junteros no es solo para las empresas que estén ubicadas en Cataluña, sino para todo el territorio español.

Junts exige al Gobierno que en otoño pasen cosas y le reclama avances en la amnistía a Puigdemont, en la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat y en la defensa del catalán. En estas dos últimas carpetas, se han producido novedades este martes. La reforma legal que permita al Estado delegar las competencias en inmigración se ha desbloqueado en la Mesa del Congreso y el martes que viene se debatirá por primera vez como pide Junts. En cualquier caso, Podemos amenaza con tumbar su tramitación.

La carpeta del catalán es la que más ahínco están poniendo los soberanistas. A la espera de que el Gobierno avance en la reclamación de que el catalán sea reconocido como un idioma oficial de la Unión Europea (UE), junto al gallego y el euskera, una cuestión clave para Puigdemont no rompa con Sánchz, Junts y el PSOE han pactado el blindaje del catalán en el ámbito de la atención al cliente.

El acuerdo lo ha comunicado la formación nacionalista en una nota de prensa, en la que los de Puigdemont señalan que han conseguido cambios sustanciales en el proyecto de ley de atención al cliente que se está tramitando en el Congreso. Una norma estatal que regulará los servicios de atención al cliente de las grandes empresas y de operadores de servicios básicos.

Según Junts, el acuerdo asegura el derecho de los ciudadanos catalanes a ser atendidos en el idioma de Pompeu Fabra por parte de las empresas. Junts señala que la norma pactada evita la invasión en unas competencias que considera de la Generalitat a través de una disposición adicional.

Entre las enmienda pactadas, que aún han de ratificarse en la ponencia en el Congreso, destaca la formación obligatoria en catalán para los trabajadores de los servicios de atención al cliente para que puedan atender en esta lengua con garantías. La segunda enmienda sustituye la obligación de estos trabajadores de responder como mínimo en castellano por «hacerlo en la lengua oficial con la que se haya dirigido el cliente a la empresa».

Además, las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente también se adaptarán a la lengua elegida por el consumidor al iniciar el contrato, según establece la reforma acordada por los socialistas y los junteros.

Según los nacionalistas, las medidas consensuadas con los socialistas suponen un cambio de paradigma, pues pone a su juicio «por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, sin que dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial». La nueva ley, según Junts, afectará a las compañías eléctricas, a las suministradoras de gas, las de agua, las telefónicas, las aeronáuticas, ferroviarias, de transporte por carretera, servicios postales, plataformas audiovisuales, entidades bancarias y financieras, seguros y servicios públicos.

La ponencia de esta ley estaba convocada para este martes, pero ha sido desconvocada, por lo que los grupos tendrán que poner nueva fecha para empezar a analizar las enmiendas e incluirlas en el texto de la reforma legal. La norma pasará luego por la comisión de consumo y finalmente llegará al pleno. Si aprueba la reforma legal, lo remitirá al Senado.