La Udef reúne siete indicios contra el diputado del PP por la trama del agua

Los agentes empiezan con la Mesa de Contratación, un instrumento que debe asesorar al propio órgano de contratación, pero que en el supuesto analizado estaba integrado prácticamente por las mismas personas. De hecho, según el análisis efectuado, la mayoría eran concejales que lógicamente formaban parte del Pleno que después debía efectuar la adjudicación. «La composición responde más a intereses políticos que técnicos», concluyen.

Otro de los problemas acontece el día de la primera reunión de la mesa. Es entonces cuando descubren que una de las cinco empresas que concurría para ser el socio privado no había presentado la documentación necesaria. Días más tarde, se averigua que otros tres candidatos también carecían de todos los requisitos. La Udef sostiene que entonces se debió anular el procedimiento y comenzar de nuevo.

La siguiente reunión se puede calificar como un encuentro exprés. Se presentan el informe del Interventor y el de los dos técnicos independientes que se da la circunstancia que coinciden con el interventor. Finalmente se acuerda la adjudicación a Aguas de Valencia con un voto en contra. Todo se aprueba en una hora. Los policías consideran insuficiente ese margen temporal para analizar todos los informes y más cuando comprueban que dos de los tres expedientes son de ese mismo día, es decir, que los integrantes de la mesa no pudieron revisarlos con anterioridad.

Todo el procedimiento está presidido de una celeridad poco aconsejable tratándose de un concurso de notable importancia para el municipio del Camp de Morvedre. Así, después de años de estudio prácticamente se cierra en una semana, del 11 al 17 de mayo, circunstancia que resulta sospechosa.

Sin embargo, fuentes cercanas al político popular, no logran comprender cómo la Udef le atribuye responsabilidad en unos hechos cuando él no era alcalde. Es decir, en contra de la tesis de la Udef creen que las conclusiones de los agentes favorecen al político popular, que tomó posesión como alcalde el 16 de junio. Posteriormente sí fue él quien «firmó y formalizó» el contrato de gestión. La Udef añade que no puede negar «desconocimiento» porque pertenecía a la mesa de contratación. Su entorno, en cambio, afirma que no podía rechazar el acuerdo.

Además, la Policía añade que los 12 millones que ingresó como canon Aguas de Valencia -se convierten luego en un préstamo de la empresa mixta, lo que termina perjudicando a los ciudadanos porque la sociedad comienza con una enorme deuda- se gastan en apenas dos años. Este desembolso precipitó que fuera imposible deshacer el acuerdo con la empresa mixta porque hubiera sumido al Ayuntamiento en una situación de bancarrota. Anticorrupción debe ahora certificar que estas presunta irregularidades tienen recorrido en la vía penal. Todavía no ha informado en esta causa.