La Udef sobre la trama del agua: «Eligieron la oferta más perjudicial para los ciudadanos»

El Ayuntamiento de Sagunto, escenario de las supuestas irregularidades. /Irene Marsilla
El Ayuntamiento de Sagunto, escenario de las supuestas irregularidades. / Irene Marsilla

La policía ve «incomprensible» que adjudicaran el concurso de Sagunto y subraya las puntuaciones «contradictorias»

A. RALLO

La última fase de la operación Flotador augura consecuencias negativas para el Partido Popular tras el anuncio de la jueza que elevará la causa al TSJ para que se investigue de manera formal al diputado popular y exalcalde de Sagunto, Alfredo Castelló. Las diligencias policiales y un informe de la Intervención General del Estado reúnen suficientes indicios de criminalidad contra el dirigente político, según se desprende del auto de la jueza. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) revela algunas deficiencias en el proceso para seleccionar el socio privado de la compañía mixta -el Ayuntamiento de Sagunto finalmente eligió a una sociedad de Aguas de Valencia- que iba a prestar el suministro. El Consistorio debió recibir 24 millones de euros que, sin embargo, nunca se ingresaron en las arcas municipales, tal y como apuntan las pesquisas. La jueza sostiene que se cometieron delitos de prevaricación y malversación.

Los agentes encargados del caso subrayan el hecho de que en los pliegos no se recogiera inicialmente quién debía valorar la puntuación de las ofertas. Además, llama la atención acerca de las valoraciones que hace el propio interventor Vicente Sancho, uno de los detenidos en la operación policial. Así, resulta «contradictorio» que puntúe a la baja a las ofertas que consideran que las tarifas actuales son bajas para asegurar la supervivencia de la empresa o que también 'castigue' de igual forma a las que proponen una subida por encima del IPC, tal y como, al parecer, luego efectuó la ganadora del concurso.

Algunas cuestiones, como establecer un reducido margen en las puntuaciones respecto a la viabilidad de la empresa (tan sólo de 0 a 3) es un recurso que, según la Udef, lo que permite es ocultar las verdaderas diferencias entre las ofertas. Y evidencia «la arbitrariedad en la resolución del concurso». De igual modo, los agentes sospechan del informe que realizaron los ingenieros ya que siguen plenamente el criterio del interventor. Es más, añaden que incluso copia párrafos de manera literal.

Informes de la policía y la Intervención acorralan al diputado autonómico del PP Alfredo Castelló

Los profesionales de la Policía Nacional, tras analizar que era la empresa mixta era la responsable de pagar el canon y las favorables condiciones en las que se le permitiría hacerlo, llegan a la conclusión que independientemente de la puntuación -Aigües de Sagunt obtuvo la más alta- «la oferta resulta ser la más perjudicial para la viabilidad de la empresa mixta y por tanto para el interés de los ciudadanos, cuyas consecuencias están pagando mediante fuertes subidas de tarifa». El dosier de los agentes califica de «incomprensible» la resolución de este concurso cuando incluso existía la posibilidad de dejarlo desierto y comenzar de nuevo todo el procedimiento en un asunto de gran importancia para el Consistorio.

Castelló irá a declarar

El diputado autonómico defendió su actuación esta misma semana y negó cualquier responsabilidad en los hechos que le atribuyen. La instructora no duda acerca de que el destino final de la causa debe ser el TSJ porque ha encontrado indicios suficientes para investigarle. No obstante, le ha ofrecido la oportunidad de comparecer en el juzgado y dar su versión de los hechos. Difícilmente sus explicaciones servirán para cambiar el criterio de la instructora. Su declaración -puede entregar un escrito- se incorporará al expediente que será remitido al alto tribunal siempre que esto se produzca antes de la disolución de Les Corts. Determinante, en cualquier caso, será el informe de la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público todavía no se ha pronunciado en este caso para evaluar si las supuestas irregularidades administrativas que recogen los agentes tienen la suficiente entidad como para generar responsabilidades penales.